Navarra continúa siendo la comunidad con menor riesgo de pobreza y exclusión social del país y del conjunto de Europa. El llamado escudo social, compuesto por los ERTE y la Renta Garantizada o el Ingreso Mínimo Vital, logró que en la Comunidad foral la pobreza se cebase durante la pandemia con menor intensidad que en el resto del Estado. Herramientas de “contención y cohesión social” que tal y como señalaba ayer Derechos Sociales han evitado el crecimiento de la intensidad de la pobreza en la Comunidad foral en un 23,6% en 2020, “el año más duro de la pandemia”. Un análisis que presenta desigualdades importantes en la distribución de esa pobreza, destacando la brecha geográfica, de género y de origen. Los incrementos mayores de pobreza según los datos analizados en 2020 se dan en municipios de la Ribera, que ya parten en una situación peor que otras zonas de Navarra. Tudela es la zona que presenta el porcentaje más alto (15,6%), 4,3 puntos por encima de la media de Navarra (11,3%). A lo largo de los cinco últimos años disponibles (2016 a 2020) se repite el mismo patrón en los barrios de Pamplona: Buztintxuri, Casco Viejo, Txantrea, Etxabakoitz, Milagrosa, Rochapea y San Jorge presentan tasas más altas de pobreza que la media de Pamplona (12,1% de pobreza severa). Si se atiende al sexo se visibiliza también la mayor probabilidad de vivenciar situaciones de pobreza en las mujeres, ya que en 2020 había una diferencia de más de 2 puntos respecto a los hombres. A su vez las personas que no poseen nacionalidad española presentaban en 2020 tasas de pobreza muy elevadas. De este modo y pese a esa mejor posición respecto a la media nacional el 14,7% de la población navarra (2021) se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social (en el Estado el porcentaje AROPE - riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo- alcanza el 27,8% y en Europa el 21,7%), en total 97.246 personas, que son 17.903 más que en 2020. Ayer mismo la plataforma Pobreza Cero de Burlada ponía de relieve la situación de necesidad de familias enteras que viven en habitaciones por las que pagan hasta 400 euros o que no pueden pagar los más de 700€ de un piso en alquiler. A la dificultad de acceder a una vivienda digna se suma ahora los problemas para llegar a fin de mes con los gastos de alimentación, calefacción y electricidad. De nuevo, el escudo social de las administraciones resulta imprescindible para que nadie se quede fuera.
