La incesante subida de precios, en gran parte derivada de la guerra en Ucrania, y la resuelta decisión del Banco Central Europeo (BCE) de proceder a una subida de tipos de interés para combatir la inflación y que a su vez hace temer un parón aún mayor en la economía están castigando duramente a las familias. El fuerte encarecimiento de productos básicos, incluidos los combustibles, y la repercusión directa que está teniendo en las hipotecas la subida del euríbor vienen provocando desde hace ya varios meses una importante pérdida de poder adquisitivo, acrecentada por el estancamiento de los salarios cuando estamos ya en puertas de las navidades, época en la que se producen alzas de precios generalizadas. En este contexto, el próximo 31 de diciembre expira el decreto con medidas anticrisis aprobado por el Gobierno español al inicio de la crisis. Ayer, Pedro Sánchez anunció que antes de finales de año aprobará un “nuevo paquete de ayudas” dirigido a la “mayoría social” del país, que incorporará “mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos”, planteamiento que va en línea con la insistente propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz y que tantas reticencias y críticas ha levantado. La absoluta inconcreción de la idea expuesta y que el presidente español la hiciera en el curso de un acto de carácter plenamente electoral no permiten vislumbrar su alcance. Como tampoco lo hacen los continuos globos sonda del Ejecutivo sobre la posibilidad de eliminar el descuento universal a los carburantes. Este planteamiento demuestra que las medidas paliativas como las que ha implementado el Ejecutivo de Sánchez tienen alcance y efectividad limitados y fecha de caducidad. Por contra, las decisiones estructurales, que en todo caso serían las realmente válidas y positivas, están todavía por decidirse y aplicarse. O, en el peor de los casos, ni se las espera ya pese a su evidente necesidad. Resulta obvio que el modelo de economía basada en hidrocarburos va a durar todavía porque no hay generación alternativa de energía ni se sostiene un parque de transportes basado en motores eléctricos por capacidad de producción y por materias primas que harían falta para sus baterías. De ahí que el Gobierno español debiera olvidar el posible rédito o perjuicio electoral y buscar soluciones estructurales.