La publicación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del gasto en pensiones correspondiente al mes de enero aflora de nuevo el debate sobre la sostenibilidad del sistema y la dotación media. Con más de 571.000 perceptores de algun tipo de pensión en la Comunidad Autónoma Vasca y más de 130.000 en Navarra, es preciso constatar que un 30% de ellos no corresponden a jubilación laboral sino a viudedad, orfandad o invalidez. Un gasto estatal récord de más de 11.900 millones de euros pone el foco sobre el modelo y su vigencia. En primer lugar, el debate recurrente de las pensiones sostenidas por las cotizaciones y si estas deben sufragar el conjunto del sistema o solo aquellas vinculadas a la vida laboral, dejando el resto en manos de los presupuestos. En la pugna ideológica sobre estos extremos, debe quedar salvaguardado el derecho a una sostenibilidad digna de las personas más allá de cualquier otra consideración. El carácter eminentemente público de esa prestación, también. Lo que no debe condicionar su complementariedad mediante sistemas privados en los que residenciar el ahorro de quienes tienen capacidad para ello. La constatación de que los sistemas públicos se ven sometidos a presión creciente por la pirámide demográfica también se percibe en la polémica reforma que pretende aplicar el presidente francés, Emmanuel Macron. La evidencia de una mayor esperanza de vida anima a prolongar la edad laboral –en el Estado francés, la pretensión es subirla a 64 años, con 43 de cotización, mientras en el español alcanzará los 67, con 37 de cotización en 2027–. La virtud de entender que la esperanza de vida y su calidad se han prolongado bre a su vez el espinoso asunto de la consideración homogénea de los empleos, cuando el desempeño de los más físicos no puede dilatarse con carácter general, como tampoco el período de cotización. La sistemática ampliación de este para acceder al 100% de la pensión conlleva el riesgo de restar cualificación, nivel de formación superior de nuestra juventud si se ve inducida a cotizar cuanto antes porque necesitará hacerlo cuatro décadas para jubilarse en el marco de una inmersión laboral insegura o de baja remuneración. Sin olvidar que el abaratamiento de las pensiones cuadra las cuentas, pero no supone dar sostenibilidad a la sociedad.