Ocho años después de su aprobación con el solo apoyo en el Congreso de la mayoría absoluta del PP de Rajoy, el debate sobre la necesidad de reformar la Ley Mordaza entra en su recta final. El compromiso inicial del propio Sánchez, del PSOE y de Unidas Podemos y de sus socios parlamentarios era su derogación, pero las reticencias y temores de Moncloa y las presiones internas de los sectores más derechistas del PSOE a cumplir ese compromiso –una vez más–, ha llevado a dejar la derogación en una reforma solo. Y ni aún eso está garantizado ahora. Mientras el Gobierno, en especial el PSOE, apuesta por una reforma suave que dejaría fuera aspectos duros y autoritarios de ley, ERC y EH Bildu, cuyos votos son necesarios, insisten en suprimir esos artículos también. Si no hay un consenso final, como proponen el PNV, Compromís y otros grupos, el debate acabará en un todo o nada que puede concluir en que la normativa se quede como está. Sería una lamentable muestra más de ineficacia partidista. Ley de Seguridad Ciudadana –aún pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad–, supone una limitación de derechos básicos, de aquellos que la propia Constitución de 1978 ensalza y protege como el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la intimidad personal o el derecho de manifestación. Dar la vuelta al corazón punitivo de la Ley Mordaza es una ineludible obligación democrática. Sobre todo, para proteger mejor derechos constitucionales y acabar con excesos autoritarios de la ley del PP como las limitaciones para grabar una protesta, la aplicación de multas desorbitadas, el uso de material antidisturbios como las pelotas de goma o la presunción de veracidad total del atestado policial. La Ley Mordaza ha sido una normativa involucionista desde el punto de vista democrático que ha degenerado en un retroceso inaceptable de otra libertad fundamental como es la libertad de prensa y de información. Un engendro legal que ha recortado derechos civiles y políticos. En definitiva, una estrategia de regresión democrática y autoritarismo reaccionario que se fue construyendo con la aprobación no sólo de la Ley Mordaza, sino también con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o con los progresivos endurecimientos del Código Penal que han ido laminando y minorizando las garantías del Estado de Derecho. Esos cambios han instala un modelo autoritario que abre la puerta a la persecución de cualquier disidencia con la verdad oficial. Forma parte de un corpus ideológico, político, económico y judicial que se expande contra los valores democráticos para que los poderes oscuros puedan blindarse la máxima impunidad para cometer sus tropelías. La reforma de la Ley Mordaza ya llega tarde para cientos de personas que han sufrido condenas, cárcel y multas por ejercer sus derechos políticos y civiles democráticos fundamentales. Hay una mayoría política amplía y suficiente para ello en el Congreso. Si no para su derogación total, sí al menos para una reforma profunda, no un simple lavado de cara. Sólo es cuestión de voluntad, que precisamente es lo que parece faltar a la hora de la verdad. Siempre que los intereses y miedos partidistas se imponen sobre los valores y libertades democráticas salen perdiendo los ciudadanos.