“Por desgracia la actualidad política manda y hay un cambio importante. El adelanto electoral ha provocado que se disuelvan las Cortes. Eso significa que todas las leyes que estaban en disposición de trámite (la Ley de la ELA entre otras) quedan eliminadas. Es decir, la Ley de la ELA ya no está bloqueada, está directamente eliminada. El matiz es importante y ha cambiado de un día para otro. Sin duda que queremos y vamos a seguir exigiendo una Ley de ELA porque la desidia y inacción de los políticos (por decirlo muy suave) ha hecho que la Ley de la ELA pase de estar bloqueada a estar eliminada”. Este un mensaje de esta misma semana de Alberto Armendáriz, Txapela, un enfermo navarro de esclerosis lateral amiotrófica desde hace cinco años y amigo de Ángel Muñoz y Miguel Barasoain, quienes protagonizan el pedrada deportiva y solidaria de ascender a las tres cimas más altas del Estado –Teide, Mulhacén y Aneto–, y al techo montañero de Navarra, la Mesa de los Tres Reyes en solo tres días para dar visibilidad a esta dolencia neurodegenerativa. El mensaje de Txapela refleja el estado de ánimo de las personas enfermas de ELA, el mismo malestar que Juan Carlos Unzué ha venido denunciando desde meses atrás por la paralización de la tramitación de la nueva normativa que fue aprobada en el Congreso por unanimidad en marzo de 2022 y que la ineficacia administrativa de la política y las urgencias electorales han dejado finalmente en agua de borrajas. Al menos por el momento. No es la única ley que ha quedado en el aire por la apresurada convocatoria de elecciones generales en el Estado para el 23 de julio. Muchas de calado social y político como la Ley de Familias que incluye el permiso retribuido de cinco días al año para atender a familiares, un permiso parental de ocho semanas o medidas para la conciliación familiar. O la promesa de garantizar el olvido oncológico, la Ley de Enseñanzas Artísticas o la Ley de Cine, el Decreto contra la Sequía, la Ley del Desperdicio Alimentario o la Ley de Movilidad Sostenible, que plantea peajes en el centro de las ciudades para reducir las emisiones contaminantes. Tampoco podrá avanzarse en estos meses en el Plan Justicia 2030 para la eficiencia digital, procesal y organizativa, además de que otras muchas normativas que afectan a mejoras de colectivos como el sector público, la prostitución o los bomberos se quedan igualmente en los cajones de los respectivos Ministerios. Y el parón de la actividad legislativa implica también a proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios. Por ejemplo, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales heredada del franquismo y convertida en un sótano donde se garantiza bajo llave la impunidad absoluta de los responsables de crímenes y guerra sucia del Estado, actos de terrorismo por parte de grupos de derechas y de abusos, torturas y violaciones de derechos humanos de funcionarios públicos. O la reforma de la Ley Mordaza y del Código Penal para poner fin a los espacios de irresponsabilidad policial y arbitrariedad jurídica que protegen muchas actuaciones policiales que se saltan las mínimas exigencias democráticas y para recuperar la garantía constitucional de la libertad de expresión y de opinión y del ejercicio del periodismo. Más de 60 leyes en total que de momento no verán la luz. Y ya se verá su suerte a vuelta de las urnas.