He leído un artículo del Diario de Noticias de Navarra donde un usuario ha plasmado su malestar por la situación de incomodidad ciudadana debido a las afectaciones que, tres meses más tarde, todavía crea la huelga indefinida en el sector de Gestión Deportiva.

Quiero decir, como trabajadora y huelguista, que hemos estado denunciando estas afectaciones desde el primer día que comenzó esta huelga el 18 de octubre del pasado año.

Efectivamente, pagamos con nuestros impuestos estos servicios públicos también las trabajadoras afectadas en esta huelga. No sólo somos empleadas, en la mayoría de los casos, además somos usuarias de estas instalaciones deportivas. Nosotras y nuestras familias.

El problema al que se refiere esta huelga es la necesidad de la renovación de un convenio sectorial que a día de hoy está caducado desde el 31 de diciembre del año 2020. Las trabajadoras hemos intentado negociarlo desde hace más de un año sin los resultados esperados, así que no nos ha quedado más remedio que salir a la calle a defenderlo. Lo que pedimos es la cobertura de unas necesidades básicas, así que tenemos grandes razones para mantenernos en la pelea.

Es triste que esta persona piense que las trabajadoras hemos tomado a las usuarias como rehenes y que, además, piense que nuestro problema no le incumbe. Estos servicios los paga el conjunto de la ciudadanía, es dinero público. ¿Acaso se ha preguntado por qué se lo llevan empresas de gestión privada mientras las trabajadoras nos quedamos con contratos laborales precarios? Esto debería de ser un problema de incumbencia del conjunto de la sociedad.

Durante estos meses hemos hecho muchas concentraciones y manifestaciones. En cada una de ellas hemos denunciado y criticado la inacción de ayuntamientos, empresas y entidades públicas, que tendrían que haber intervenido en el conflicto para ayudar a encontrar soluciones. En cada una de ellas hemos reivindicado los derechos de la ciudadanía a estos servicios y nuestra necesidad de ofrecerlos en condiciones laborales dignas.

Me parece que pedir un Decreto Foral para garantizar unos servicios mínimos en estas instalaciones puede ser de ayuda para la población, pero no es la única solución. Quiero explicarle a este usuario que ya existe un artículo en la Ley de Contratos Públicos que permite sancionar a empresas que, tras un conflicto de larga duración afectando los servicios para los que ha sido contratada, puede ser sancionada. Doy esta pista también a los ayuntamientos porque quizás esta podría ser parte de la solución al desbloqueo.

Así que como trabajadora del sector deportivo y conociendo la importancia que tiene nuestro trabajo para la salud de la población, pido una vez más a la consejera de Deporte de Navarra que se establezca un Decreto Foral de servicios mínimos esenciales para la ciudadanía que sea consecuente y respete todas aquellas leyes que protegen el derecho a la huelga de las trabajadoras para que nunca más se vulneren.

Pido un decreto de servicios mínimos en el deporte para garantizar los derechos de la ciudadanía y otro decreto de servicios máximos que proteja y defienda unas condiciones laborales dignas para las profesionales de Gestión Deportiva.