En esta época del año suele ser interesante en cualquier ámbito hacer balance de lo logrado y marcar objetivos para el próximo. Sin duda, 2022 ha sido un año intenso. Después de 70 años de paz, Europa está viviendo una guerra a la puerta de sus fronteras. Y sus consecuencias, económicas y sociales, han marcado un año convulso en el que nuestras economías han demostrado ser más resilientes, pese a la inflación y el aumento de los precios de la energía. En este contexto, el reto político en materia digital era enorme. Se trataba de alcanzar acuerdos de problemas importantes, algunos de ellos coletazos de la crisis del covid-19, en medio de una situación de políticas de urgencia.
En Europa, el año comenzaba con la aprobación de las dos grandes leyes con las que ponemos obligaciones a las grandes plataformas, la Ley de Servicios Digitales y la de Mercados Digitales. El objetivo era establecer derechos y protección a los ciudadanos tras el tsunami de la digitalización. En mi opinión, era esencial hacer que lo que es ilegal offline, también lo fuera online. Mientras la DSA regulará las redes sociales y las plataformas online, la DMA se centra en lo que Europa denomina gatekeepers o guardianes, que son aquellas empresas tecnológicas que tienen una posición de poder en el mercado.
Pero, desde mi punto de vista, la Carta de Derechos digitales ha marcado un antes y un después en la visión de la tecnología y en cómo nos relacionamos con ella en Europa. La transición digital de las sociedades europeas trae nuevas oportunidades que tienen un impacto en la vida de las personas, con la aparición de nuevos derechos y la cada vez más borrosa frontera entre el mundo físico y el virtual. Esta creciente digitalización en productos y servicios presenta consecuencias que afectan particularmente a los grupos vulnerables como los trabajadores, los consumidores y los niños. Y nos impulsa a replantearnos los modelos sociales y económicos tradicionales.
Por ello, creo que es fundamental entender la igualdad de acceso a Internet como un derecho fundamental. Esta aceptación será, sin duda, una revolución en el humanismo digital y en la forma de hacer política tecnológica. Para ello, debemos promover políticas digitales inclusivas, garantizar un acceso igualitario de todos los europeos, y trabajar por una tecnología sostenible que empodere a los ciudadanos y a las empresas, haciendo que la UE sea más competitiva y creando nuevas oportunidades para todos.
Las diferentes crisis a las que se ha enfrentado Europa en los últimos años han puesto de manifiesto la creciente brecha digital entre las personas. También ha mostrado la brecha entre regiones y entre zonas urbanas y rurales, poniendo en relieve las dificultades económicas y geográficas que tienen determinados territorios para desplegar tecnologías y mejorar sus estándares de conectividad. Para esto hemos aprobado el itinerario hacia la década digital, que establece las claves de la gobernanza en un acuerdo con 27 países miembros para alcanzar esos objetivos y mitigar la brecha digital.
La futura ley de chips tiene como objetivo garantizar la seguridad del suministro de semiconductores para evitar así el cierre, por ejemplo, de fábricas de coches por falta de piezas. Será una ley importante que verá la luz el próximo año. El derecho a la desconexión digital sigue siendo un reto pendiente, ya que los nuevos modelos de trabajo y la digitalización hacen que sea una necesidad para poder conciliar la vida laboral y profesional.
Otro de los grandes retos del 2023 será la ejecución de los fondos del Next Generation EU. Después de más de dos años, y ya en velocidad de crucero, los proyectos como el PERTE del vehículo eléctrico, muy importante, por cierto, para Navarra, verán la luz y se empezarán a materializar. Y además albergará este año el encuentro anual de regiones europeas de automoción, que es, sin duda, un importante escaparate para nuestra tierra.
En el terreno nacional, España destaca en conectividad y servicios públicos digitales. El reto será potenciar y generar capital humano que será demandado por las empresas y centros tecnológicos, además de potenciar la tecnología digital en Pymes. La Ley de Startups también empezará a materializarse este 2023. Mismo año en que nuestro país ocupará la presidencia del Consejo durante seis meses y establecerá los tiempos para leyes tan importantes como la de identidad digital europea o el Reglamento Europeo de Datos.
Todo ello, con la guerra de Ucrania todavía presente, y a las puertas de unas elecciones europeas que llegarán al año siguiente.
La autora es eurodiputada socialista
