Quizá el efecto colateral más importante de la pandemia lo constituye el rápido cambio que se ha producido en la sanidad española.

Seguramente la pandemia no ha sido la principal causa, pero sí el detonante que ha hecho visible el cambio. Hemos pasado de una sanidad pública ejemplar a un sistema que da síntomas de debilidades. De los aplausos en los balcones a la amenaza de una huelga de médicos.

Muchos son los retos que presenta el actual sistema sanitario: la mayor demanda ciudadana y la exigencia de una respuesta inmediata para todo (lo grave, o menos grave y lo leve); el envejecimiento de la población y la necesidad de adaptar el sistema sanitario a esta nueva demanda; los costosos nuevos productos tanto tecnológicos, como farmacéuticos; las presiones del sector farmacéutico y de las aseguradoras; así como la incorporación y formación de las nuevas generaciones de sanitarios con nuevas especialidades.

Seguramente es necesario revisar y actualizar el actual modelo sanitario tanto en los aspectos técnicos y tecnológicos, como en los humanos, trato y escucha al paciente, sobre todo en la atención primaria, para lo que es necesario incrementar los tiempos. Todo ello es preciso si queremos mantener una sociedad igualitaria y cohesionada para lo que el estado de bienestar es imprescindible y la base de éste la constituyen los sistemas educativo y sanitario.

Los ciudadanos percibimos estos problemas de forma directa en el acceso a la primaria, con excesivas consultas no presenciales, con el incremento de las listas de espera en la especializada y, para determinados colectivos, con la influencia que la brecha digital provoca al utilizar las nuevas tecnologías.

Ante estos problemas no existen asociaciones de usuarios de la sanidad pública que presenten sus opiniones, problemas, quizá también posibles soluciones y que promuevan el autocuidado. En general, son asociaciones de profesionales y sindicatos médicos los que levantan su voz y dan sus opiniones o, como ahora, amenazan con una huelga de médicos.

Pero, para sorpresa de muchos, la reivindicación más importante, al menos en el tratamiento periodístico, de los posibles futuros huelguistas es la monetaria y, especialmente, la que hace referencia a la exclusividad.

En el sistema navarro de retribuciones de los funcionarios, el mundo sanitario se guía por criterios diferentes. Así, pueden percibir, además de las retribuciones básicas, hasta siete conceptos complementarios y ocho tipos de indemnizaciones. No obstante, el complemento de destino se puede asimilar al que en la función pública general se denomina “puesto de trabajo”; mientras que el complemento específico se asimila, según su porcentaje, al de “exclusividad”.

Cuando el complemento específico es superior al 45 por 100, los perceptores tendrán exclusividad; aunque se les permite renunciar al complemento y poder ejercer en la sanidad privada. A los jefes que se les obliga a mantener la exclusividad, también se les permitió optar por una sola vez a la dedicación exclusiva o no.

En todo caso, la elección del régimen de dedicación no exclusiva al sector público no supone la eliminación total del complemento específico, ya que se permite percibir hasta el 30 por 100.

Aunque todos los médicos tienen un complemento mayor del 45 por ciento, según se ha publicado, únicamente 41 se han acogido a la posibilidad de simultanear el ejercicio público con el privado y dejaron de percibir aproximadamente 800 euros mensuales. Estas cifras no son fáciles de comprobar ya que sus perceptores cobran diferentes porcentajes del complemento y al renunciar pueden seguir teniendo un porcentaje inferior al 30 por ciento.

No es fácil determinar cuál debe ser el salario de los médicos, ni quiénes deben tener exclusividad, pero habría que recordar que para el resto de personal funcionario se establece, entre otros colectivos, que las Direcciones de Servicio prestarán sus servicios en régimen de plena disponibilidad y de total y absoluta dedicación.

Entiendo que eliminar la exclusividad laboral, cobrando el complemento, acabará afectando a todo el colectivo, ya que los que ahora no han renunciado tienen un buen aliciente para “equipararse” a la nueva situación. Es probable que antes no les compensara dejar de percibir el complemento para ejercer en la medicina privada, pero si se puede cobrar y ejercer, el cambio es radical. ¿Se les podrá negar este “derecho” con el antecedente creado?

Por otra parte, no podemos olvidar que la sanidad forma parte de toda la función pública y ¿qué pasará cuando otros colectivos directores de servicio, ingenieros, abogados, economistas, diplomados en Enfermería…. pidan compatibilizar la privada con la exclusividad?

¿No sería más lógico primar a los que consiguen que sus listas de espera no lleguen a un determinado nivel o consiguen una importante reducción porcentual?

Es difícil creer que la situación de la sanidad, en la que también intervienen personal de limpieza, celadores, administrativos, auxiliares, enfermeras…, se va a corregir eliminando la exclusividad a 41 médicos.

Por favor, apliquen el sentido común. No tiene ningún sentido pagar un complemento por exclusividad para después no exigirla. Salvo que queramos hacer poesía y como decía Santa Teresa: “vivo sin vivir en mí / y de tal manera espero, / que muero / porque no muero”.

La sanidad pública es muy seria. No demos pasos en falso.

Los autores son: economista; y doctor en Medicina y Cirugía, respectivamente