En estos días el Sindicato Médico de Navarra está promoviendo una huelga con bastantes reivindicaciones razonables, pero que incluye la eliminación del complemento de dedicación exclusiva, que puede tener repercusiones negativas para los servicios sanitarios públicos. Esta reivindicación, que afecta a una minoría de profesionales de atención hospitalaria y a nadie en Atención Primaria, puede distorsionar la atención sanitaria pública.
Haré unas consideraciones previas de marco teórico. Cuando una persona acude a consulta, el médico o la médica, de modo autónomo, indaga en su historia y tras realizar unas exploraciones y pruebas diagnósticas, establece un posible diagnóstico y un tratamiento que probablemente le mejore o incluso le cure.
Nuestra sociedad da a los y las profesionales de la medicina el poder de tomar las decisiones que consideren mejores para sus pacientes desde sus conocimientos científicos, y les exige responsabilidad ética en este escenario incierto.
Los colegios profesionales tienen la misión de asegurar que la confianza social depositada en las médicas y médicos se ajuste a unos principios éticos orientados al bienestar de sus pacientes por encima de otros intereses ajenos al bienestar de éstos.
En los llamados estados de bienestar las autoridades públicas aseguran la financiación de servicios sanitarios para toda la población, si bien su provisión puede darse en recursos privados, públicos o mixtos.
El complemento de exclusividad surgió en el año 1984 tras un conflicto sanitario nacional y fue una fusión de complementos anteriores que recogían especificidades profesionales, complementos por formación, responsabilidad y dedicación. El complemento de exclusividad pretendía premiar la especial dedicación de profesionales que renunciaban a trabajar de modo privado. Esto se entendió como un castigo ideológico para quienes compatibilizaban su actividad pública con la privada. Además se creaba un agravio comparativo ya que las y los profesionales que optaban por mantener una actividad privada tenían la misma jornada laboral y funciones pero cobrando menos. Posteriormente la exclusividad se empezó a utilizar para posibilitar aumentos salariales que no podían hacerse por otras vías y esto llevó a mayor malestar entre quienes no optaban por la exclusividad.
La compatibilización público-privada en profesionales que actúan en gran medida con su criterio personal, se complica por la existencia de claros conflictos de intereses entre su trabajo público y su actividad privada.
No parece descabellado pensar que la compatibilización público y privado podrían introducir incentivos para aumentar las listas de espera públicas para incentivar la actividad privada; podrían igualmente facilitar la realización de pruebas diagnósticas en el sistema público para pacientes que después se verían en consultas privadas; se podría ralentizar la incorporación de nuevas técnicas y procedimientos terapéuticos que se estuvieran realizado en la privada.
La compatibilización público-privada es un modo organizativo que puede distorsionar la atención sanitaria, poniendo en riesgo a la sanidad pública y aumentando las desigualdades de acceso de la población a los servicios asistenciales según nivel de renta.
El camino debe ser el contrario: en los nuevos profesionales que se incorporen al servicio público y en aquellos que no hubieran optado por la compatibilización hay que exigir la dedicación exclusiva. Como es lógico hay que respetar los derechos adquiridos de los profesionales que ya desarrollan la actividad privada, pero hay que controlar que no existan comportamientos oportunistas por conflictos de intereses.
Igualmente es indudable también que hay que mejorar las condiciones laborales de las y los profesionales sanitarios, posibilitar la conciliación familiar, compensar situaciones de aislamiento, facilitar la cobertura de plazas de difícil provisión, etcétera y crear incentivos orientados al cumplimiento de objetivos de calidad.
Aunque muchos países utilizan los conciertos con entidades privadas, siempre se han de definir con precisión y realizar evaluaciones rigurosas. En ningún caso estos conciertos pueden ser entre el sistema público y sus propios profesionales que trabajan en actividad privada, dados los conflictos de intereses mencionados.
Las médicas y médicos del sistema público que deseen realizar actividad privada deberían salir del sistema público y, en todo caso, ofrecer sus servicios mediante conciertos al sistema sanitario público.
Un ejemplo de buena práctica en nuestra comunidad es la Clínica de la Universidad de Navarra que es un centro privado que ha sido evaluado en numerosas ocasiones como uno de los mejores hospitales de nuestro país. Este centro exige a sus profesionales la dedicación exclusiva evitando conflictos de intereses que pudieran condicionar la atención realizada a pacientes derivados desde el sistema público.
Ceder a la presión del Sindicato Médico en esta cuestión nos coloca en una situación que puede tener consecuencias para el futuro de nuestra sanidad al facilitar la privatización de los servicios y generar desigualdades según nivel de renta.
*El autor es médico de familia jubilado
