De una prisión se podría pensar que la peor es aquella que contiene un determinado perfil de internos. De esta forma, la cárcel sería más o menos abominable en función de las características de sus presos. Pero lo cierto es que la población carcelaria está compuesta en general por gente muy joven, cuyo perfil real no es el que la sociedad se imagina, ni tampoco la justicia pretendida es la real.

Para empezar, solo un 14% de reclusos están condenados por delitos graves o violentos. Llama la atención que siendo uno de los estados con menor número de delitos graves sentenciados, sea uno de los que más presos estén recluidos en las cárceles, a lo que hay que añadir el elevado número de preventivos a la espera de sentencia. E igualmente llama la atención la escasa presencia de condenados por delitos societarios, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública, el urbanismo, la malversación, el medio ambiente…

Quizá lo más grave de todo sea la convicción social de que los inmigrantes son los delincuentes habituales de las prisiones; como si delincuencia e inmigración fueran de la mano. Es una especie de estigma xenófobo que pesa como una sentencia firme, una predisposición que no deja margen al beneficio de la duda.

Todos sabemos que el fenómeno migratorio no es nuevo aunque mantiene su razón de ser en las escandalosas diferencias creadas por el colonialismo de nuevo cuño reinante que casi nadie se atreve a condenar (materias primas, etcétera). El papa Francisco es una de las contadas excepciones que sí ha condenado este modelo económico excluyente. Él nos invita a cuestionarnos “el modelo de desarrollo” y de economía actual para evitar que “los hijos y nietos paguen una factura demasiado alta porque “la tierra arde” y el capitalismo “mata”. Se trata de “transformar una economía que mata en una economía de la vida, en todas sus dimensiones”. Así hablaba Francisco el año pasado ante cerca de mil jóvenes reunidos en Asís.

La búsqueda de un hábitat más humano hace que millones de personas huyan de la miseria en una carrera de obstáculos a veces superior a sus fuerzas. Los llamados sin papeles y no pocos de los recién regularizados afrontan toda clase de penalidades y trastornos psicosomáticos que los especialistas denominan el síndrome de Ulises o estrés crónico depresivo acumulado por múltiples factores como su situación irregular, la explotación laboral, la soledad y lejanía de los suyos, ser el punto de mira policial, etcétera. Muchos miles se han quedado en el camino. Tantas penalidades se convierten en un muro de exclusión agravado por las dificultades con el idioma, su precariedad emocional y el ambiente hostil que sufren.

Frente al estigma de asociar al inmigrante con el delincuente, debemos mirarles con otros ojos, sobre todo porque la realidad no es la que pensamos. Volviendo al perfil real carcelario, ¿cuánta población reclusa es inmigrante? Según datos oficiales del Ministerio del Interior (2022), solo un tercio, el 31,1% de reclusos y reclusas, son población extranjera. En la CAV, el porcentaje es el 31% mientras que en Navarra es algo menor: el 27%. Y eso que las cifras han subido ligeramente desde 2021.

Lo que sí es cierto es que las cárceles están llenas de pobres y enfermos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los centros penitenciarios acaban albergando mayoritariamente a personas de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Y junto a esta realidad, el aumento de penas no mejora la reinserción, objetivo central de toda la política penitenciaria. ¿Estamos ante una forma de criminalización de la pobreza?, se pregunta Heraclio Varona, jurista del equipo de pastoral penitenciaria de Bizkaia, cuando, además, el 70% de la población recusa padece adicciones.

La gestión eficaz de las cárceles no depende únicamente de las autoridades penitenciarias, a pesar de la importancia del organismo que las gestiona. La eficacia está directamente relacionada con la legislación, la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto; el desempeño judicial, el nefasto corporativismo y las presiones que recibe dicho sistema desde fuera, sobre todo cuando la inmigración viene escapando de la miseria y se utiliza como arma arrojadiza. Vox, en plena resaca electoral, anuncia su intención de quitar la asistencia sanitaria a los ilegales…

Es preciso ampliar la justicia penal, a la que deben servir las leyes y la praxis jurídica, buscando la convivencia desde los derechos humanos, con acciones valientes en materia de inserción y de pedagogía social ante la realidad penitenciaria para, al menos, desterrar que inmigración y delincuencia van de la mano.