Alde Zahar Sare Komunitarioa considera una “desproporción desorbitada” que los 11.426 habitantes del Casco Viejo, el 5,6% de la población de Pamplona, “soporten” el 57,20% de los apartamentos turísticos que existen en la ciudad, 131 de 229.

“Y se siguen abriendo más, como el edificio completo de cinco apartamentos en la calle Lindatxikia. Es un modelo de turismo y del uso del barrio del que queremos huir. No lo defendemos ni nos gusta”, comenta Ana Goya, miembro de Alde Zahar que acaba de publicar un estudio sobre los pisos turísticos en el Casco Antiguo.

Ante esta “desproporción desorbitada,” Alde Zahar apuesta por declarar el Casco Viejo “zona saturada de apartamentos turísticos” y que el Ayuntamiento de Pamplona no conceda más licencias de apertura. “131 ya son suficientes. El barrio ha llegado al límite”, alertan desde AZ.

Según Alde Zahar, los pisos turísticos contribuyen al encarecimiento de la vivienda en el Casco Viejo. Como consecuencia, se “expulsa” a vecinos que querrían vivir en el barrio pero que no tienen capacidad económica para pagar el alquiler.

“Si el dueño de un apartamento cobra 100 euros por una noche, es muy difícil que quiera alquilar esa misma vivienda por 500 euros al mes. Se está fomentando que el cliente sea un turista en vez de un ciudadano porque el propietario del piso saca los mismos beneficios en dos fines de semana que en un mes”, insiste. 

La propagación de este tipo de negocios, critica Ana, está reduciendo “la vida de barrio” en el Casco Viejo. En algunos bloques de Estafeta, asegura, “el 60% de las viviendas son apartamentos turísticos. En esas comunidades las relaciones sociales no son de vecindad, son hosteleras porque los propietarios de los pisos no viven ahí. Un apartamento turístico no teje barrio. Nosotros queremos vivir en un Casco Viejo con relaciones entre vecinos”, subraya.

Las comunidades, clave

En el estudio, Ana detalla dos herramientas legales que dificultan, e incluso impiden, que un piso turístico se instale en una comunidad de vecinos.

En primer lugar, el Real Decreto-Ley 7/2019 del 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda. Esta norma concede a las comunidades de vecinos la potestad de prohibir el alquiler turístico en su bloque de edificios. Para que esta limitación forme parte de los estatutos de la comunidad, el 60% de los propietarios, que a su vez deben representar a las 3/5 partes de las cuotas de participación, deben dar su visto bueno. 

Para que la norma vincule a futuros propietarios, los estatutos se deben inscribir en el Registro de la Propiedad al que pertenezca la comunidad de vecinos. “Si no, solo se prohibe a los dueños actuales, pero no a los que vengan después”, explica Ana.

El Real Decreto-Ley 7/2019 también permite a la comunidad de vecinos aumentar en hasta un 20% los gastos comunes del propietario que haya convertido su vivienda en piso turístico. O imponer una cuota especial por ese mismo valor. En ambos casos, la medida se debe aprobar en la junta de la comunidad de vecinos con el voto favorable del 60% de los propietarios.

La mayoría de vecinos, lamenta Ana, desconocen que cuentan con estas dos herramientas para “luchar contra la propagación” de los apartamentos turísticos: “Los estatutos nos dan bastante más poder del que utilizamos y nos podemos llegar a imaginar. Es una pena”, lamenta.

Aún así, el aumento de pisos turísticos ha provocado que algunos residentes del Casco Viejo se empiecen a movilizar e incluyan limitaciones y trabas a estas aperturas. En concreto, viviendas recién rehabilitadas que deben redactar nuevos estatutos y bloques de edificios antiguos cuyas normativas no decían nada sobre una realidad que hace unas décadas no existía.