Hoy se cumplen 30 años de la publicación en el BOE de la primera de las dos reformas constitucionales que se han registrado desde la aprobación de la Carta Magna, y aunque en principio hay acuerdo para una tercera que elimine el término “disminuidos” para referirse a las personas con discapacidad, este cambio todavía se está haciendo esperar. Qué decir de otros asuntos de gran enjundia como el proyecto federalista como modelo de Estado o los temas que afectan a la Corona. Las fuerzas de izquierda, nacionalistas e independentistas siguen sin recibir respuesta para un mayor reconocimiento a distintas realidades territoriales y lingüísticas dentro del Estado y en la reforma de la jefatura de la Casa Real, un reclamo intensificado a raíz de las investigaciones a Juan Carlos I por el supuesto cobro de comisiones. Hay también otros temas de calado que se plantean desde Unidas Podemos para, entre otras cuestiones, blindar derechos sociales y adaptarla a la evolución de la sociedad en cuestiones como una mayor conciencia feminista o en medio ambiente.
La supresión del concepto “disminuidos” es una reivindicación histórica de los colectivos de personas con discapacidad y para hacerla efectiva será necesario retocar el artículo 49 de la Constitución. El Gobierno presentó un proyecto de reforma de ese artículo tras las últimas elecciones, pero hasta el momento no ha conseguido la mayoría cualificada del Parlamento que se requiere para la modificación, es decir, tres quintas partes de la Cámara, 210 diputados. Vox y PP se opusieron porque consideraban que no era el momento político oportuno para abrir el melón pero el escenario parece haber cambiado. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado su respaldo, aunque pide al Ejecutivo que el texto se pacte junto a su partido y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y que cuente con un informe sin enmiendas del Consejo de Estado.
Si se materializan los apoyos suficientes, se podría consensuar esa reforma constitucional, la tercera después de las dos registradas en 1992 y en 2011. En la primera no hubo problemas y se alteró el texto por unanimidad para adaptar la Carta Magna al Tratado de Maastricht. Se introdujeron tan solo dos palabras –“y pasivo”– para permitir que ciudadanos comunitarios residentes en el Estado pudieran presentarse como candidatos a las elecciones municipales. El Boletín Oficial del Estado publicó la modificación el 28 de agosto de 1992. Se reformó el artículo 13, apartado 2.
Casi veinte años tuvieron que pasar para reformarla por segunda vez: fue el artículo 135, para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con el PP de Mariano Rajoy tres meses antes de las elecciones generales de 2011.
La inviolabilidad del rey
Además de la previsible tercera reforma, quedarían otras modificaciones en el tintero, como la supresión de los aforamientos de miembros del Ejecutivo y parlamentarios, una propuesta sobre la que incidió en julio de 2019 el entonces candidato a La Moncloa, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura ante el pleno del Congreso; o la reforma del artículo 99 de la Constitución, que regula la investidura por el Congreso del presidente del Gobierno, con el fin de evitar situaciones de bloqueo tras las elecciones y el riesgo de repetirse las elecciones. Pero una de las que sobresale es la que atañe a la inviolabilidad del rey. En diciembre de 2018, el líder del PSOE consideró que la inviolabilidad del monarca que recoge la Constitución se había quedado vieja y se mostró convencido de que Felipe VI sería favorable a que se eliminara esa prerrogativa.
A ello hay que sumar la reforma para la sucesión de la Corona –que, donde se diga “rey” o “príncipe”, se puedan sustituir ambos términos por “reina” o “princesa”–, la inclusión de la denominación oficial de las comunidades autónomas en la Carta Magna, la regulación del sistema de relaciones de España con Europa y la reforma del Senado.
