Once céntimos de gasto en la campaña electoral por habitante. Esta es la barrera que establece luna ley que discrimina a las agrupaciones locales. Incluso si ponen más dinero de su bolsillo. Pasarse un 10% supone a hacer frente a una grave amenaza económica, de 50.000 euros mínimos de sanción. Esta situación, que pende sobre las agrupaciones y no sobre los partidos políticos, ha vuelto a encender las alarmas de cargos y concejales en la medida que se acerca una nueva campaña municipal. Hemos reunido a algunos. Piden similares oportunidades a los partidos a la hora de presentarse. Denuncian que en una cuestión básica para la participación y democracia, estas reglas cercenan su concurrencia en condiciones de equidad. Una situación especialmente grave en Navarra, por su gran número de municipios pequeños, que estalló sobre todo a partir de las elecciones de 2015.
“Esos 11 céntimos por habitante no llegan para nada. Ni tan siquiera para hacer unos carteles”
Consuelo Ochoa Resano, que lleva dos legislaturas de alcaldesa de Lerín por la Plataforma de esta localidad, considera “absurdas” estas exigencias. Habla de “techos de cristal”, de “discriminación”, de “ataque a la democracia” y de “miseria política”. “Esos 11 céntimos por habitante no llegan absolutamente para nada. Ni tan siquiera para hacer unos carteles.”. Según esta alcaldesa, las agrupaciones están en unas “condiciones infrapolíticas” en contraste con “las garantías, los beneficios, la seguridad, el respaldo que tiene un partido”. En la Plataforma de Lerín, cuenta, en vez de una subvención tras la presentación de las facturas de gasto, se encontraron en 2015 con “un hostión”, y eso, subraya, “crea un precedente de miedo, porque hay una persona que firma, a la que le tenemos que dar la garantía absoluta de que ahí estamos todos y todas”. “¿Qué necesidad tiene nadie, a pie de calle, de pasar por esta amargura e incertidumbre?”, se pregunta.
Ni el mailing
“¿Por qué no podemos tener la misma capacidad de gasto en una campaña electoral?”
Juan Carlos Castillo es alcalde de Peralta desde la pasada legislatura, y preside la Federación Navarra de Municipios y Concejos. “¿Por qué no podemos tener la misma capacidad de gasto en una campaña electoral?”, se pregunta. Y denuncia asimismo que con 11 céntimos por habitante “ni tan siquiera puedes enviar un panfleto, la papeleta y el sobre que manda un partido político a todas las casas, y así financiar lo más básico”. “Pero no contentos con esto”, prosigue Castillo, “en el caso de que te pases gastando, incluso poniéndolo de tu bolsillo, encima te clavan 50.000 euros a la mínima”. Situación que denuncia, causa incomodidad incluso en el Tribunal de Cuentas, que “por activa y por pasiva está recomendando al Gobierno que esto se modifique”. Por último, el alcalde y también presidente de la FNMC incide en la problemática específica en Navarra. “Aquí hay además de muchos municipios pequeños, es donde más agrupaciones locales independientes hay, con lo que con estas dificultades se está laminando mucha de la representatividad política que ya de por sí tiene problemas para que haya gente que se anime a presentarse”, y “pueblos pequeños y concejos que se quedan sin representación”. Castillo pone otro ejemplo significativo: “En Funes en 2015 los independientes estuvieron a punto de gobernar. A esta agrupación se le sancionó con 50.000 euros, y hundidos en la miseria el efecto que tuvo es que en 2019 no se presentaron , y solo lo hizo Navarra Suma. Este es el verdadero efecto que tiene esto”.
“Las reglas de juego no son, ni por asomo, ni equilibradas ni igualitarias”
“Los partidos políticos reciben por voto una cantidad económica”, recuerda Manuel Romero Pardo, que lleva 7 legislaturas de alcalde del Valle de Aranguren. Nosotros, en 2015, guardamos las facturas que nos gastamos, esperando ese retorno. Nos vino una multa de 2500 euros, que pagamos para no arriesgarnos a que nos inhabilitasen”. Romero representa a una candidatura vecinal formada en los años noventa, que desde entonces, explica, ha gobernado con mayoría absoluta y que actualmente tiene 11 de 17 concejales. “La ley electoral dice que hay que fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión de los recursos”. Sin embargo, destaca, “para presentarnos en una población con más de 12.500 habitantes tenemos que recoger más de 500 firmas que tienen que ser verificadas”. Respecto a lo económico, considera “imposible hacer sombra a los partidos políticos”, por los mismos motivos esgrimidos por consuelo Ochoa y por Juan Carlos Castillo. “Nosotros lo único que pedimos es que tengamos un poco de igualdad, ni siquiera al cien por cien, sino que por lo menos no se nos discrimine”. Y así, contar con “la posibilidad de hacer una campaña digna dentro de los parámetros normales, y que la ciudadanía pueda tener la información en igualdad de condiciones para que pueda elegir. Pero las condiciones hoy día son totalmente discriminatorias”.
Este alcalde incide en que la ley electoral permite disponer a los partidos políticos de “unas cantidades importantes del dinero de todos los ciudadanos”, además de la “posibilidad de que particulares les hagan grandes donaciones para sus campañas y de ir al banco a pedir un préstamo, y si luego tiene la suerte de gobernar parece que tiene una relación específica con esa entidad bancaria y eso no está bajo sospecha para nada”. A su juicio, “las reglas del juego no son, ni por asomo, ni equilibradas, ni igualitarias, y eso está haciendo que muchas personas desistan de hacer un esfuerzo que es voluntario cansadas de ver que todo son trabas”. En consecuencia, denuncia, los partidos políticos en los pueblos “cada día captan más fácil a personas para hacer sus listas” en contraste con las agrupaciones locales.
Contar hasta la tinta
“En Buñuel, con 2.300 habitantes, contábamos con un presupuesto de 253 euros; era ridículo”
Mayte Espinosa es alcaldesa desde 2019 con la candidatura de Cambiemos Buñuel. “Cuando nos decidimos presentar, lo hicimos como agrupación independiente porque no queríamos estar colgados de ningún partido, al no sentirnos representados con ninguna otra candidatura en el pueblo”. Coincide en las “muchas dificultades” que deben afrontar. “En Buñuel somos 2.300 habitantes. Para que la gente se pueda hacer una idea, nosotros contábamos con un presupuesto de 253 euros. Era ridículo. Con eso, ¿qué hacías? Nuestra campaña electoral fue de bar en bar, salíamos a hacer el vermú y explicábamos nuestro programa. No podíamos hacer un mailing; si ya solamente por persona te costaba 0,23 y nos daban 0,11, ¿cómo lo íbamos a hacer? Nuestro programa nos lo tuvimos que fotocopiar nosotros. No podíamos ir a una imprenta como los otros partidos que se presentaban. Hasta los cartuchos de tinta controlábamos. Y siempre mirando el céntimo para no pasarnos de esos 253 euros. Eso merma mucho, cuando tu voluntad es trabajar por tu pueblo”. Esta alcaldesa reclama“igualdad de condiciones a la hora de presentar nuestras candidaturas”. A su juicio, “si esto no lo quieren modificar, porque parece que hay poca voluntad o interés por parte de los grandes, es porque les estamos molestando”.
“Navarra es municipalista”
“La ley es discriminatoria, porque partimos de una desigualdad de condiciones”
Gorka Azpiroz, alcalde por Lekunberriko Taldea desde 2019, ahonda en la “desventaja”. “La ley electoral es discriminatoria, porque partimos de una desigualdad de condiciones con respecto a los partidos políticos generalistas”. Su agrupación, cuenta, ha gobernado desde mediados de los años noventa. “Navarra es municipalista”, observa Azpiroz. “En los pueblos vamos más cómodos en agrupaciones electorales, es más fácil que la gente se apunte a unas listas yendo en una agrupación muy diversa que asociarse a unas siglas”. Este alcalde elogia a Geroa Bai por hacer una “lectura muy acertada de esta situación. Es quien está trabajando por que esta ley electoral se pueda modificar y nosotros hemos trabajado muy cómodos, porque Geroa Bai ha apoyado que nosotros sigamos siendo lo que queremos ser, sin tener que cambiar a otra cosa”. “Esfuerzos”, que considera “dignos de alabar”, y que personifica especialmente en Pablo Azcona, parlamentario de esta formación, responsable de los temas de Administración Local, exalcalde de Lodosa en la agrupación LOIU y expresidente de la FNMC.
Mayte Espinosa también se suma al agradecimiento. “Por parte del Parlamento, por parte de Geroa Bai nos dan voz a muchas de estas agrupaciones. La agrupación de Buñuel quiere “seguir siendo libre”, y eso es algo, dice Espinosa, que “Geroa Bai lo respeta siempre, y se agradece, porque cuando hemos tenido algún problema en el Ayuntamiento descuelgas el teléfono y están ahí. Es un partido que te responde, que te apoya, y te ayuda a buscar soluciones. Y están ayudando a buscar una solución a un problema que afecta a muchos navarros y navarras”.
El aludido, Pablo Azcona, que trabaja en este asunto desde la pasada legislatura, comparte que dos leyes, la de financiación de partidos y la electoral, “clarísimamente tratan de una forma discriminatoria a las agrupaciones de electores y a los partidos que se presentan en una sola circunscripción, por su límite de gasto, irrisorio, para poder afrontar las campañas electorales y por un régimen sancionador absolutamente desproporcionado”. Y nombra el caso de una candidatura en Navarra que por excederse en 23 euros la apertura de expediente sancionador fue de 50.000 euros. Así las cosas, la problemática global fue amparada por la Federación Navarra de Municipios y Concejos en la legislatura pasada. En esta, el Parlamento de Navarra se ha hecho eco de la situación, pero el responsable competente es el Congreso. Según Azcona, la mayoría de los diputados “no tiene o no está demostrando la voluntad política para solventar este problema”, denunciado, corrobora, por el Tribunal de Cuentas. Para Azcona si no se soluciona el problema, “será un ataque a la participación ciudadana y a la democracia”.
“Un problema profundo”
“El límite de gasto para agrupaciones es irrisorio, y las sanciones del todo desproporcionadas”
Este parlamentario recuerda que Navarra tiene 272 municipios de los 8.000 municipios del Estado, “proporcionalmente una cifra importante”. Apunta que tras las últimas municipales aproximadamente “un 60% de municipios están gobernados por agrupaciones de electores”, lo que ilustra “un problema profundo”. “Luego nos echaremos las manos a la cabeza cuando en el ámbito más rural no haya agrupaciones que se quieran presentar o pueblos se queden sin tener representación”. Azcona incide en que en alrededor de la mitad de los municipios “no había otra candidatura que la de una agrupación. Pueblos tan pequeños donde “los partidos políticos no tienen capacidad o interés en presentarse”. El expresidente de la FNMC y exalcalde de Lodosa explica que el régimen sancionador se activó en el contexto de la irrupción del 15-M de 2012. “Si no hay ninguna intencionalidad política detrás de esto, que nos lo demuestren cambiándolo, porque hay una propuesta de la FNMC que es cambiar dos artículos de la ley.” En este sentido, lamenta que Vox y el PSOE en 2021 “rechazaron la toma de consideración en el Congreso”, y que el PP se abstuvo. El Partido Socialista, señala, con el argumento, en ese momento recibido con “confianza”, de que “se iba a crear una subcomisión para estudiar las modificaciones”. “Eso fue el 14 de septiembre, se van a convocar las elecciones y esa subcomisión no ha hecho nada”, critica.
Nueva moción
Este próximo jueves el Parlamento debatirá una moción de Geroa Bai instando al Congreso a una reforma de cara a las elecciones de mayo y también con carácter retroactivo. Azcona advierte que en 2015 el Tribunal de Cuentas hizo una interpretación de multar por el exceso de gasto en vez de por los teóricos 50.000 euros. “Faltan por fiscalizar los gastos de 2019 y ya no va a caber ninguna interpretación laxa, y si se convocan estas en las mismas condiciones, volveremos a estar en dos convocatorias electorales en estas condiciones”. Quedan dos meses y medio por delante. Hasta que se convoquen las municipales.
