La desclasificación de casos como el de Mikel Zabalza va a tener que seguir esperando. El Gobierno de España acaba de conocer un duro informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el anteproyecto de la ley de Información Clasificada, la norma llamada a sustituir la ley de Secretos Oficiales de 1968 que todavía hoy marca en España qué informaciones reservadas pueden conocerse y cuáles no.
La ambigüedad del nuevo texto, tanto o más restrictivo que el franquista, ha recibido la opinión contraria de otros informes y de los expertos, que no aprueban los larguísimos plazos de desclasificación –de hasta 65 años– y la rigidez del protocolo. Sospechan que, en la práctica, van a hacer inaccesibles las informaciones.
Por lo tanto, casos como el del secuestro y muerte del navarro Mikel Zabalza a manos de la Guardia Civil en 1985, clasificado como “secreto” –según reveló en marzo de 2022 la entonces directora del CNI, Paz Esteban–, seguirán ocultos y sin fecha de desclasificación, como ampara la ley preconstitucional. Y así continuarán hasta que se materialice una reforma que, por plazos y falta de consensos, lleva camino de fracasar en lo que queda de legislatura. Una “oportunidad perdida”, a juicio de los expertos consultados por este periódico.
La reforma de la ley del 68 es una obligación. Técnicamente, dicen los expertos, no es una mala ley. Pero conserva dejes autoritarios inaceptables en democracia. Por ejemplo, que las informaciones y documentos reservados pueden estar guardados eternamente. El PSOE ha rechazado las propuestas de PNV, Geroa Bai y EH Bildu –los partidos que más han insistido con la reforma– con la promesa de que esta legislatura el Ejecutivo sacaría una potente ley. Pero uno de los proyectos estrella del ministro Bolaños ha terminado en decepción.
La cosa no empezó bien. El nuevo anteproyecto vio la luz en un Consejo de Ministros del pasado agosto. El texto se tramitó por la vía de urgencia y con un plazo mínimo de alegaciones. Unas prisas que anticiparon lo que luego quedó de manifiesto en los informes técnicos: las graves deficiencias de la nueva propuesta.
Las primeras quejas vinieron de los expertos. Archiveros e investigadores censuraron “plazos de desclasificación excesivamente largos” y obstáculos legales. Luego fue el Consejo de Transparencia el que cargó contra la ley. Y este mismo mes se han conocido los dos informes técnicos que faltaban: el del fiscal general y el del CGPJ.
El informe del fiscal
Si el de Transparencia fue duro, más lo es el de Álvaro García Ortiz. El fiscal resume en un decálogo las deficiencias del anteproyecto, que “no cumple los estándares marcados por la jurisprudencia” europea, es una “fuente de problemas interpretativos”, implica “serios problemas de encaje constitucional” por su ambigüedad y amplitud y es más restrictivo que las normas dadas en la UE.
El informe también pone el foco contra la entrega de un “amplio campo de acción” a las “autoridades de clasificación”, que en el nuevo texto pueden ser hasta jefes policiales.
Y muy significativa es la dirección a la que apunta el fiscal general: “Los plazos de desclasificación excesivamente rígidos posibilitan que las responsabilidades penales, incluso en delitos de extrema gravedad, acaben resultando inexigibles”. Una puerta hacia la impunidad para casos cuyos responsables siguen vivos y, en algunas ocasiones, todavía tienen responsabilidades públicas. En definitiva, una ley con un “enorme margen de mejora”, resume el fiscal.
El del CGPJ fue debatido el jueves pasado en el pleno de los jueces, según adelantó El Mundo. Y sigue la estela de los informes previos. Este trámite, aunque no obligue al Gobierno propiamente a nada, era el límite que se había marcado el propio Ejecutivo para avanzar en el tema.
Bolaños decía que había que esperar al informe del Poder Judicial antes de tomar cualquier decisión. Ahora ya conoce el informe, que es muy crítico con su ley. Así que la pelota está en el tejado del ministro, que sabe que cuenta con el rechazo técnico y también con el de los grupos parlamentarios progresistas, a los que no ha gustado la norma. El ministerio ha trabajado en una segunda versión del anteproyecto, más ajustada a los requerimientos de los expertos. Pero ni aun así parece que vaya a ser suficiente.
Proyecto estancado
El proyecto está estancado y el Gobierno tiene asuntos más urgentes. Marzo está a la vuelta de la esquina. Este es un año electoral, con las municipales y locales en mayo y las generales a finales de 2023. Muchos obstáculos para los consensos de los que adolece el anteproyecto, que tampoco encajaría sacarlo con el apoyo de PP o Vox justo antes de los comicios. Si el bloqueo continúa a partir de esta semana –cuando el Gobierno ya tiene todos los informes en su poder–, lo más probable es que el proyecto termine abandonado y decayendo. Y los secretos, como desde 1968, seguirán dentro del cajón sin fecha de salida.
