El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dictaminado que el Estado español "violó" parte de los derechos del expresidente catalán Carles Puigdemont, por haberle suspendido de su cargo como diputado tras procesarlo por un delito de rebelión en la causa del "procés", sin que hubiera condena.
En su dictamen, el Comité resuelve así la queja que hace cinco años presentó el abogado británico Bem Emmerson, en nombre de Puigdemont, alegando que la justicia española había vulnerado los derechos políticos del expresidente catalán, quien fue suspendido como diputado junto a otros líderes del "procés" después de que el juez Pablo Llarena lo procesara por rebelión.
En sus conclusiones, el Comité de Derechos Humanos sostiene que el Estado violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque la suspensión automática de Puigdemont como diputado a raíz del auto de procesamiento, sin que existiera condena, "no fue por motivos previstos en la legislación que sean razonables y objetivos".
"Reparación efectiva"
Según el Comité, teniendo en cuenta que el Estado español ha reconocido su competencia para determinar si hubo o no violación del Pacto, se ha comprometido de esa manera a "garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos" en el mismo y a una "reparación efectiva".
Por ese motivo, insta al Estado a informarle, en un plazo de 180 días, de las "medidas que haya adoptado" para aplicar el dictamen, y le pide que publique y dé "amplia difusión" al informe del Comité.
El dictamen sostiene que "una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos" por delitos basados en "hechos públicos y pacíficos", sin que exista una condena previa, "no puede considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos".
En un comunicado, la Oficina de Carles Puigdemont ha aplaudido el dictamen porque supone "la primera vez que Naciones Unidas defiende los derechos de un exiliado", dado que hasta ahora solo lo había hecho en el caso de los líderes independentistas que estuvieron presos por el "procés".
