Una organización criminal internacional asentada en el Estado, Francia y Portugal dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en territorio francés ha sido desarticulada en una operación coordinada por Europol.
La investigación, iniciada por autoridades judiciales francesas, ha desvelado la existencia de un entramado criminal dirigido y gestionado desde el Estado que explotaba sexualmente a mujeres, en su mayoría de nacionalidad brasileña, en hoteles de diversas localidades galas, obteniendo esta red un beneficio mensual de 150.000 euros.
Ocho mujeres liberadas y nueve detenidos
La operación policial ha finalizado con la liberación de ocho víctimas en Francia y la detención e ingreso en prisión de nueve personas -cuatro en el Estado, tres en Portugal y dos en Francia-, según ha informado este sábado la Dirección General de la Policía en un comunicado.
Se han realizado un total de 12 registros domiciliarios, tres de ellos en el Estado, y se han incautado 20.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y numerosos teléfonos móviles, ordenadores y equipos informáticos.
En el Estado y como consecuencia de estas investigaciones se han practicado cuatro detenciones en la provincia de Málaga -dos en Marbella y otras dos en Estepona- y también se han realizado tres registros domiciliarios, que han contado con la presencia de la jueza francesa encargada de la investigación en aquel país, varios agentes franceses y de Europol.
El entramado criminal operaba en Francia
Las pesquisas realizadas permitieron constatar que el entramado criminal investigado prostituía a un número importante de mujeres en territorio francés y que era dirigido por varias personas asentadas en el Estado.
La organización publicaba anuncios en páginas web donde se ofrecían los servicios sexuales y se encargaban de gestionar el alojamiento de las mujeres en el país galo, llegando a contratar el transporte con el que se las trasladaba hasta los hoteles donde tenían que prostituirse.
Las víctimas, principalmente de nacionalidad brasileña, estaban obligadas a entregar a la organización el 50 por ciento de sus ingresos con los que la red criminal obtenía unos beneficios mensuales cercanos a los 150.000 euros, dinero que era enviado a España mediante transferencias bancarias o empresas de envío de dinero, y que luego era redirigido hacia Brasil y Bélgica.
