La Mesa del Parlamento de Navarra admitió ayer a trámite una proposición de ley foral por la que se determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 2023, ley presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos para proponer una subida del 10% en el precio de las viviendas protegidas.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar la construcción de VPO ante el “parón” que se ha detectado y que se achaca al incremento de los costes de los materiales.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, explicó que “a su vez vamos a trabajar en un aumento de las ayudas a las personas que acceden a esa VPO en el mismo porcentaje del aumento del precio del módulo”, lo que se tramitará con las medidas fiscales que negocien los grupos con el Gobierno de Navarra.

En la misma línea, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, afirmó que “la vivienda pública está dejando de construirse debido a los costes que tienen las constructoras en acero u hormigón” y con la ley se busca que “no se paralice la construcción”.

Tres promociones paralizadas

El incremento de los costes en la construcción ya había llevado a la paralización de varios proyectos de vivienda protegida. Sucedió, por ejemplo, con las 58 viviendas de VPO en Barañáin y las 38 de Mutilva o las 27 de Tudela, en el barrio de la Azucarera, todas ellas adjudicadas a la UTE Murias Ibáñez, que atraviesa dificultades económicas.