La consejera de Salud, Santos Induráin, ha negado este miércoles en el Parlamento cualquier responsabilidad de su departamento en la compra de mascarillas acordada por Sodena, la CEN y la empresa Albyn para nutrir de mascarillas a las pymes navarras al inicio de la pandemia. Indurain ha recordado que no firmó el acuerdo de compra y que todos los informes jurídicos encargados el Gobierno concluyen que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea “no tenía ningún compromiso de adquisición del excedente”.

Indurain ha acudido al Parlamento a petición de Navarra Suma para explicar su papel en la operación de compra de mascarillas con fondos de Sodena. Una operación llevada a cabo entre mayo y abril de 2020 y que se ha saldado con 1,7 millones de mascarillas almacenadas y unas pérdidas contables de casi dos millones en Sodena. La CEN y el Departamento de Desarrollo Económico discuten ahora sobre de quién son las mascarillas y quién debe asumir las pérdidas.

La discusión alcanza también al Departamento de Salud, que aunque en un inicio del proceso aparecía como firmante de la compra, finalmente no lo hizo. Su papel se limitó a asumir un compromiso de adquisición de excedentes pero vinculado a varias condiciones que, según ha subrayado Induráin, no se llegaron a cumplir.

La consejera Induráin, durante la comparecencia. Iban Aguinaga

Esa ha sido precisamente la duda que ha planeado durante toda la sesión parlamentaria: por qué Salud, que inicialmente iba a ser garante de dar salida a las mascarillas sobrantes, finalmente no quiso asumir ningún compromiso. “No lo hizo por la misma razón por la que la operación ha fracasado. Era muy arriesgada”, ha resumido de forma tan clara como directa Gregorio Anchútegui, gerente del SNS-O.

Anchútegui ha recordado así que Salud tenía su propia vía de suministro, “muy similar a la de la CEN y con el apoyo de Sodena”. El problema, ha admitido, es que se dio a la Patronal el mismo tratamiento que a Osasunbidea. “No tienen la misma responsabilidad que nosotros, ni las mismas obligaciones. Y eso influye claramente en la decisión de no firmar el acuerdo”, ha explicado.

El gerente del SNS-O ha recordado además que ellos se habían comprometido a adquirir “los excedentes”, pero lo que se le ofrece “es el grueso”. “Creo que la posición de Osasunbidea es razonoble, pero estamos dispuestos a buscar una solución”, ha señalado.

Debate político

La comparecencia ha mostrado también las distintas visiones e intereses que cada partido tiene en esta cuestión. Navarra Suma, que había pedido la comparecencia, ha reprochado a Salud que se haya desvinculado de una operación a la que podía haberle dado salida adquiriendo las mascarillas todavía almacenadas. “Podía haber evitado este despropósito y no lo hizo”, se ha quejado Cristina Ibarrola.

También se han dejado ver las diferencias en el seno del Gobierno entre PSN y Geroa Bai, y entre los departamentos gestionados cada uno de los partidos. Así, mientras la socialista Ainhoa Unzu ha tratado de sacar a Salud de la operación, remarcando que nada tiene que el convenio que firmó con Sodena con el que firmó la CEN, Mikel Asiain (Geroa Bai) ha defendido que ambos convenios son iguales, por lo que no se pueden pedir responsabilidades en uno y no en otro. Geroa Bai considerad además que Salud todavía puede participar en la solución asumiendo las mascarillas, aunque no tenga la obligación legal.

Por su parte, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha coincidido con Navarra Suma en sus críticas a que Salud finalmente quedara fuera del acuerdo con Sodena y la CEN evitando dar salida al posible stock de mascarillas que no se pueda vender a las empresas. “La idea inicial era una, pero Salud finalmente queda fuera sin ningún rastro documental. Algo pasó para que cambiaran de opinión”, ha argumentado Araiz, que ha emplazado al Gobierno a darle una solución ya al stock.

Las tres fases al inicio de la pandemia

En su intervención inicial, la consejera ha recordado cómo fueron aquellos primeros meses de pandemia y los procesos que se llevaron a cabo para la compra de un material que en aquel momento era escaso y de difícil acceso. Induráin ha señalado así tres fases diferentes.

En primer lugar, “en un contexto y momento muy delicado”, se buscó “un proceso compartido con otros departamentos y actores socieconómicos de Navarra para articular unos canales seguros y solventes para proveernos de EPIS para proteger a nuestros sanitarios y a través de ellos a la población”.

Después, en un segundo momento, “Sodena ofrece el plus extra de una línea de financiación” a una de las empresas (Albyn) ante la exigencia de los proveedores de adelantar el pago. “Fue un acuerdo que funcionó bien, permitió traer material que fue abonado como correspondía y utilizado por nuestros profesionales”, ha remarcado.

Finalmente, llega el tercer momento, la firma del convenio entre Sodena, CEN y Albyn para dotar de material de protección para las empresas. Una operación en la que finalmente Salud se limita a firmar una adenda “con unas responsabilidades y obligaciones concretas y limitadas”. “Los tres informes jurídicos diferentes de los despachos ARPA, Garrigues y Écija son muy coincidentes en el nivel de responsabilidad de Salud en un tema en el que es un protagonista colateral, aunque la repetición de actores y la cadencia temporal y coincidencia temática pueda llevar a mezclar cuestiones”, ha subrayado Induráin.