Los sindicatos CCOO, STAJ, AFAPNA y UGT, convocantes de la concentración acontecida esta mañana frente al Palacio de Justicia de Navarra, han exigido la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para garantizar las condiciones de trabajo, los centros de destino y las funciones del personal funcionario. En Navarra se encuentran actualmente trabajando unos 550 funcionarios de Justicia.

Denuncian que el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales y puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios que presta la Administración de Justicia.

A juicio de los sindicatos, este proyecto de Ley permite la movilidad funcional y geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquel en que se está destinado. Se denuncia así mismo que esta “movilidad discrecional” puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia a costa de los recortes de derechos de los funcionarios de Justicia.

Un momento de la concentración de este viernes ante el Palacio de Justicia de Navarra. Patxi Cascante

El personal de la Administración de Justicia exige, por otra parte, el desarrollo y retribución de la Carrera Profesional, que es un derecho reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 2019, pero que el Ministerio de Justicia se niega a negociar, a reconocer y a establecer su retribución complementaria.

También se exige la mejora de la Promoción Interna para la recuperación del 50% de las plazas de las Ofertas de Empleo Público para este turno y se reivindica una convocatoria extraordinaria añadida a la convocatoria del turno libre de los procesos de estabilización.Otra de las exigencias sindicales en estas movilizaciones es la convocatoria de Concursos de Traslado con todas las plazas vacantes, denunciado que muchas de ellas se ocultan al acceso del personal titular año tras año, sin justificación alguna, restringiendo las expectativas de movilidad del personal.

Por último, los sindicatos del sector de Justica demandan la negociación del Reglamento y Relaciones de Puestos de Trabajo del Registro Civil y denuncian que el despliegue de los nuevos Registros Civiles se está llevando a cabo de forma unilateral sin negociación colectiva. Se están asignando arbitrariamente nuevas funciones al personal de los nuevos Registros Civiles y de las oficinas colaboradoras de los Juzgados de Paz.