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Puigdemont ofrece a Madrid pactar la fecha y la pregunta del referéndum

La acusación popular pide seis años de prisión y 22 de inhabilitación para Artur Mas por tres delitos

Martes, 11 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:08h

“Tenemos que diseñar una salida a la deriva actual y para ello hay que pasar por la consulta” “Ningún gobierno de España debería atenderuna propuesta contraria a las leyes”

madrid- El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, se abrió ayer a pactar con el Gobierno la fecha, la pregunta, los porcentajes e incluso una moratoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto inicialmente en torno a septiembre de 2017.

Aunque su criterio es que el referéndum presente una pregunta clara sobre si se quiere la independencia de Cataluña o no, no ha descartado que contenga, por ejemplo, una propuesta para ir a una reforma constitucional si así lo quiere el Gobierno.

Puigdemont, quien se ve fortalecido tras la moción de confianza de la que salió airoso hace dos semanas, reiteró la necesidad de dar “una solución política a la demanda catalana”, para lo cual ha reclamado “coraje y compromiso” y partir “del reconocimiento del otro”.

El presidente catalán está abierto incluso a negociar la fecha de la consulta, que no tendría que ser obligatoriamente en septiembre de 2017, y a hablar sobre los porcentajes, de manera que se fije un mínimo de participación “incontestable” para dar legitimidad a la votación y otro porcentaje sobre el resultado.

También señaló que se compromete a aceptar lo que salga de las urnas, tanto si es el sí como si es el no.

“Tenemos que diseñar una salida a la deriva actual y esto pasa ineludiblemente por hacer una consulta con la que están de acuerdo el 80% de los catalanes”, manifestó el presidente.

Ese mensaje, dijo, se lo trasladará al próximo presidente del Gobierno si hay investidura antes del 31 de este mes.

También se ha mostrado dispuesto a hablar con el Rey Felipe VI cuando él “considere oportuno”, consciente de que tiene “un papel difícil”, que está ejerciendo “con responsabilidad”.

Por su parte, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, respondió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el Gobierno no aceptará su propuesta de pactar la pregunta y la fecha de un referéndum independentista, porque “ningún gobierno de España ni de ninguna parte del territorio debería atender una propuesta contraria a las leyes”.

“Hay valores fundamentales, como que la soberanía es de todos los españoles y no de unos trocitos que se juntan, o la igualdad de derechos y deberes de los españoles, pero a algunos parece que se les olvida y hacen propuestas contrarias a estos principios tan básicos”, expresó Catalá.

A su juicio, lo que hace el Gobierno de Puigdemont no es “pedir nada, es ponerse al otro lado de la línea”. Catalá considera especialmente preocupante que desde una institución se manden mensajes que sugieran que se pueden incumplir las normas.

piden 6 años para masPor otro lado, la acusación popular en la causa del 9N, que agrupa a los sindicatos policiales SPP y UFP y a Manos Limpias, pide seis años de prisión y otros 22 de inhabilitación para el expresidente catalán Artur Mas, al que acusan de un delito de malversación, además de prevaricación y desobediencia.

Según una nota de prensa de los sindicatos policiales, que ostentan la dirección letrada de la acusación popular desde que Manos Limpias fue apartada de la misma, el escrito de acusación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusa a Mas de haber malversado 4,7 millones de fondos públicos en la organización de la consulta.

La acusación popular se desmarca así de la Fiscalía, que pide solo penas de inhabilitación para Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, al imputarles los delitos de desobediencia y prevaricación a los que el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ciñó el caso del 9N. - Efe/E.P.

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