Editorial de DIARIO DE NOTICIAS

Financiación lucrativa

Que no pueda juzgarse la obtención de fondos en el PP como delito por ser inexistente en la primera época de la ‘trama Gürtel’ no impide imputarle responsabilidades;su resistencia solo evidencia incapacidad para regenerarse

Miércoles, 12 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:06h

La rotundidad de la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, al calificar al Partido Popular como el beneficiado de las actividades irregulares de los alcaldes de Majadahonda (Guillermo Ortega) y Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda), ambos del PP, que se juzgan en lo que se conoce como la primera época de la trama Gürtel, no deja lugar a dudas sobre la presunción por la Fiscalía de una financiación irregular del partido que lidera Rajoy. Ahora bien, la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 1987, vigente en el periodo que se juzga, no contemplaba dicho delito, que solo se califica como tal desde 2015, con la modificación del Código Penal que afectaba a la nueva Ley de Financiación de Partidos aprobada en 2007 para sustituir a la que llevaba 20 años en vigor. Sin embargo, que no pueda juzgarse al PP -más allá del ámbito administrativo- por un delito de financiación irregular no significa que no la llevara a cabo ni que el PP no pueda ser considerado partícipe “a título lucrativo” de los delitos de malversación y cohecho si, como afirma la Fiscalía, queda probado que fue el destinatario de beneficios obtenidos de modo irregular por las adjudicaciones en los citados ayuntamientos. Más aún, incluso con independencia de las responsabilidades políticas que cabría exigir al respecto, dada la extensión de la trama a otras instituciones públicas, la responsabilidad civil del PP en los delitos que sí pueden serle imputados podría resultar aún más evidente, si esto es posible. Por ello y porque el propio presidente del tribunal que juzga el caso, Ángel Hurtado, considera que quienes han ocupado puestos de responsabilidad en el PP como Javier Arenas, Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato o Jaime Mayor Oreja sí pueden aclarar las dudas de las acusaciones, llama la atención la resistencia del mismo tribunal y la negativa de la Fiscalía a que declare en el juicio el todavía presidente en funciones del Gobierno español, Mariano Rajoy, que sí ostentó altos cargos ejecutivos, el más alto incluso, en la época del Partido Popular a la que afecta la trama que se juzga. Y como dicha resistencia sólo puede ser consecuencia de la que el propio PP y su gobierno han presentado a la investigación de la corrupción, cabe colegir que el PP y Rajoy no son capaces de la exigible regeneración. Mucho menos son, por tanto, merecedores de la imprescindible confianza para liderarla desde el gobierno.

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