Por un gobierno para los ciudadanos

Por Patxi Ortigosa Goñi - Miércoles, 12 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:07h

El ministro de Justicia en funciones, que también asume la cartera de Fomento, decía estos días que la Administración tiene que asumir y rescatar la gestión de las autopistas radiales R-3 y R-5, actualmente en proceso concursal, fruto de la mala gestión, cuando no corrupción de los populares, Esperanza Aguirre y compañía, apuntando que puede ser un buen negocio, unos 8.000 millones, para costear entre todos, casi na. Destinatarios de estos dineros, las empresas de siempre, del Ibex-35, que son las que menos tributan, un tipo del 6,95 en 2014, frente al tipo del 20% de media de los trabajadores, empresas como Abertis, Sacyr, ACS y Bankia entre otras. Ocho mil millones de euros, que no parece mucho si tenemos en cuenta los 51.303 millones del rescate bancario, costeado por todos los ciudadanos, de los cuales solo se ha recuperado el 5,2%, dando el Banco de España por perdidos para siempre casi 38.000 millones, pese a que el Gobierno del señor Rajoy prometió que los ciudadanos no pagarían la crisis. Así, el ministro de Economía, Luis de Guindos, declaraba en el Parlamento en junio de 2012, “No le quepa la menor duda de que se recuperará la mayor parte de lo destinado a los bancos nacionales. El préstamo no tendrá coste para la sociedad, sino todo lo contrario”. Ese mismo día Mariano Rajoy aseveró: “Es un crédito a la banca y lo va a pagar la propia banca”.

No hay que olvidar que el sistema financiero español es el tercero de Europa que más ayudas publicas ha recibido, 61.000 millones en ayudas directas, más de 168.000 millones en avales, garantías y capital para el banco malo, además de que ha gozado de una inmensa liquidez, barata, del Banco Central Europeo (BCE).

Mientras tanto, el gasto español en educación está por debajo de la media de la Unión Europea, cuando los demás países de la Unión mantuvieron invariable la inversión en educación durante estos años de crisis, nuestro país ha bajado casi un 8% del gasto total según recoge el informe Panorama de la Educación 2016, con un recorte de 7.000 millones de euros en cinco años.

Otra vez los ciudadanos, paganos de la crisis;cada vez más precarios, más desprotegidos, más desiguales y más pobres. Queda perfectamente claro hacía quién se ha dirigido la acción de Gobierno del Partido Popular, a proteger los intereses de la banca y las grandes empresas, en vez de salvaguardar los de la ciudadanía.

Ahora el Partido Popular alardea de que nuestra economía es la que más crece de Europa, pero se olvida que dicho crecimiento es desigual, no llega a todos y tampoco con la misma intensidad. Esta pretendida recuperación económica no mejora los índices de pobreza en este país, como lo acredita un informe de la Unión Europea, España 2016, de fecha del pasado 24 de febrero, que dice “La reciente recuperación del mercado laboral no se ha trasladado a una mejora de los índices de pobreza y exclusión social, que continúan creciendo y se sitúan entre los más altos de la UE”.

En el terreno laboral, habría que señalar que la salida a la crisis llevada a cabo por este Gobierno en funciones a través de su reforma laboral ha supuesto aún mayor desigualdad social, unos contratos basura, una temporalidad muy elevada y unos salarios míseros. Unido todo ello a los recortes sociales y económicos impuestos han contribuido a que aparezca una nueva clase social en este país, lo que los sociólogos llaman el precariado y la gente vulnerable;ciudadanos que gozan cada vez de menos igualdad de oportunidades y que disponen también cada vez de menos recursos, tanto económicos como sociales.

Esta es la herencia del Gobierno del Partido Popular, sin mencionar la otra lacra, la corrupción institucionalizada, como la trama Gürtel: populares que ahora se postulan como la alternativa real y autocomplaciente para continuar en el Gobierno durante otra legislatura, ante la falta de otras alternativas, ya se sabe aquello de que el tuerto en el país de los ciegos, rey. Así, el señor Rajoy decía estos días, “sólo pido que nos dejen gobernar”, ajeno a la grave corrupción que ha manchado a su partido.

¿Pero quién protege a los ciudadanos, quién nos garantiza nuestros derechos, también los económicos, frente a las decisiones de las grandes empresas, monopolios, dirigentes comunitarios e incluso de las de nuestro Gobierno?

El Gobierno del señor Rajoy, a tenor de lo que hemos visto, no parece ser el interlocutor más adecuado para ello.

El autor es delegado de CCOO

Últimas Noticias Multimedia