Editorial de diario de noticias

Ochenta y siete días

El procés catalán se acelera pese a la anulación de las partidas para el referéndum y al Estado español le quedan menos de tres meses para solventar el choque de legitimidades con democracia o perpetuarlo con imposición

Jueves, 6 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

la crisis de gobierno con el cese por el president Puigdemont del conseller Baget a raíz de sus declaraciones poniendo en duda la celebración del referéndum del 1 de octubre y la explicación en la sede del Parlament de las características de la Ley del Referèndum d’Autodeterminació que implementa los pasos a seguir en virtud de su resultado sitúan al procés en Catalunya en su punto crítico a 87 días para la convocatoria a los catalanes. Y mientras la Generalitat recorre el camino que impulsa la mayoría parlamentaria soberanista -a pesar del riesgo de desgarro interno que acreditan los últimos acontecimientos-, el Ejecutivo de Rajoy sigue impertérrito en su tancredismo, sin salir de la reiteración de España como expresión única de la soberanía y, en su caso como la ministra Cospedal, con la apelación al artículo 8 de la Constitución que “encomienda al ejército garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial” como coherción a las aspiraciones de las nacionalidades históricas recogidas en la Carta Magna. En todo caso, la cerril actitud del Gobierno y las instituciones del Estado -el Congreso no ha contestado aún a la carta de Puigdemont pidiendo un debate en las Cortes- y su negativa a propiciar la celebración del referéndum con anulación incluida de las partidas presupuestarias para acometerlo, anuncia un choque entre la constitucionalidad de lectura única que esgrime el Gabinete de Rajoy -y que Catalunya considera desacreditada desde la intervención del Tribunal Constitucional en la anulación parcial del Estatut- y la legalidad internacional en la que el Govern fundamenta la realización de la consulta vinculante, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (refrendado por el Estado en 1977), la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la ONU o el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá en 1998 sobre el referéndum de independencia de Quebec. En definitiva, al Estado le quedan 87 días para decidir si perpetúa los problemas derivados de la existencia de distintas legitimidades mediante imposición o los solventa con democracia. Y al Govern para medir si la legitimidad parlamentaria de la que goza tiene traslación a una mayoría social que, ciertamente, no se acreditó en las elecciones plebiscitarias que le vieron nacer.

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