La Audiencia analiza la compra del Popular por el Santander

Admite el recurso para suspenderla de un grupo de accionistas y tomará la decisión tras el verano

Viernes, 4 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

pamplona- La Audiencia Nacional ha admitido un recurso contra el Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria (FROB) de un grupo de accionistas del Banco Popular que pide la suspensión de la compra de la entidad por Banco Santander. La Justicia tomará una decisión después del verano, al no apreciar urgencia en la aplicación de esta medida cautelar, según Expansión.

La Audiencia Nacional ha aceptado a trámite un nuevo recurso contencioso administrativo -hay otro admitido con anterioridad de la OCU- que pide la nulidad de la decisión del FROB de resolver el banco, adoptada el 7 de junio siguiendo instrucciones de la Junta de Resolución Europea (JUR) ante la inviabilidad de Popular, que se quedó sin liquidez para abrir las oficinas.

Los demandantes suman el 2% del capital de Popular y entre ellos se encuentra un familiar directo español del accionista mexicano Antonio del Valle, que está jubilado y que ha perdido buena parte de sus ahorros con Popular.

Esta decisión llega recién culminada con éxito la ampliación de capital de 7.000 millones de Santander para financiar la operación y en pleno despegue del calendario de integración.

Este recurso fue admitido a trámite el 25 de julio e instado de manera separada y simultánea por varios accionistas españoles representados por el despacho Ontier. La novedad es que incorpora la petición de dos medidas cautelares: la “suspensión” del proceso de integración y la “anotación” de la operación en el Registro Mercantil. Las medidas cautelares se suelen resolver rápido.

medidas cautelaresSin embargo, en este caso, la Audiencia tomará una decisión después del verano, al no apreciar urgencia en esta causa.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido abrir una pieza separada en relación con dichas medidas cautelares, publica el mismo medio, y se lo ha comunicado tanto al FROB como al abogado del Estado. Concede un plazo de diez días para que “exponga lo que estime procedente sobre la medida cautelar interesada”. Es decir, para escuchar sus argumentos. - D.N.

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