¿Privatización encubierta de la atención sociolaboral?

Por Natxo Barberena - Jueves, 10 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h

hasta hace bien poco las gentes progresistas consideraban que la atención social a las personas con mayores dificultades era una responsabilidad pública. Para aquellas personas de nuestra sociedad que sufrían y no podían salir por sí solas adelante, eran los organismos sociales públicos los garantes de sacar o intentar sacarlas de sus miserias. Gentes como jóvenes provenientes del abandono escolar, sin experiencia laboral, sin hábitos de trabajo;mayores parados/as de larga duración;personas con discapacidades dependientes... a todos ellos hasta ahora los servicios públicos les brindaba formación, asesoramiento, acompañamiento, orientación, apoyo y servicio de inserción.

La crisis, venida de golpe y porrazo, pilló a todos los servicios públicos de improviso sin capacidad para asumir la avalancha de personas necesitadas. Se tomaron unas primeras medidas de urgencia apoyándose en entidades sociales para cubrir la alta demanda, cosa del todo lógica en un primer momento. Ahora bien, asentar y perpetuar lo provisional y seguir dando cobertura a esa forma de funcionar, eso ya es ideología.

En vez de incrementar los servicios públicos sociales, dotándolos de más recursos, más personal cualificado, se fomenta el ONGismo. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ONL) disfrutan entre la ciudadanía de un grado de confianza muy alto, por lo que se aprovecha de esa buena imagen para hacer unas políticas sociales de desviación de la responsabilidad pública hacia lo privado. Como bien dice Clara Valverde, activista política y social y escritora: “El ONGismo es la utilización de la comunidad para hacer el trabajo que debería hacer el Gobierno con nuestro dinero. El ONGismo es un tema complejo porque la buena gente que se implica en una ONG lo hace con buenas intenciones. Pero luego son ellos los que tienen que recortar y hacer que sus empleados acepten sueldos míseros para hacer tareas que corresponden al Estado del Bienestar”. Añado yo, además a estas ONG a la hora de concederles programas de formación y de inserción laboral se les exige resultados muy ambiciosos y su incumplimiento supone la devolución de la subvención y además compiten entre ellas en precio... estas ONG están condenadas a funcionar con aquellas personas que más garantías de inserción presentan, aquellas que la propia empresa decide quedando, la mayor de las veces, las personas con mayores dificultades fuera de estos programas. Si para colmo a las entidades públicas que siguen ejerciendo esa labor social se les aplica los mismos parámetros (competitividad, alta inserción...) ¿quién asume al perfil más difícil? El perfil que, por cierto, a la larga puede dar mayores quebrantos a la sociedad.

Se me podrá decir que exagero, pero si analizamos la última tendencia en la concesión de subvenciones en los programas integrados de formación para el empleo (PIFE) y la licitación del Servicio de Inserción Laboral... da que pensar que se está adjudicando y/o abriendo las puertas de manera mayoritaria a ONG, asociaciones, ETT, colegios profesionales, fundaciones... y en cambio, a pocas entidades públicas.

Las ONG nacieron con la sana intención de llenar un vacío en los servicios del Gobierno y como grupos de presión para aliviar la pobreza, la discriminación social, la vulneración de los derechos humanos y medioambientales... no para reemplazar o sustituir a lo ya existente. De hecho, tendría sentido que una ONG desapareciera en cuanto el Gobierno de turno asumiera la responsabilidad y solucionara el problema denunciado. En cambio, se están convirtiendo las propias ONG en empresas privadas, dependientes de las subvenciones públicas, con personal más o menos estable y con locales muy bien montados. ¿Se está privatizando de manera encubierta la atención sociolaboral a través de estas entidades sin ánimo de lucro?

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