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La Moncloa reconoce que los exmiembros del Govern pueden concurrir al 21-D

Méndez de Vigo afirma aun así que “nadie puede sustraerse a la Justicia”

I. Fradua - Sábado, 4 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Rajoy y Puigdemont, en una reunión que mantuvieron en La Moncloa en abril del año pasado.

Rajoy y Puigdemont, en una reunión que mantuvieron en La Moncloa en abril del año pasado. (Foto: Efe)

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Rajoy y Puigdemont, en una reunión que mantuvieron en La Moncloa en abril del año pasado.

pamplona- El portavoz del Gobierno español y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció ayer que la paradoja de que los exmiembros del Govern encarcelados puedan concurrir a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre es una situación plausible. El Ejecutivo de Rajoy, que activó el artículo 155 de la Constitución para “devolver la normalidad democrática” a Catalunya cuanto antes y desactivar a los principales referentes políticos del independentismo, puede ver cómo las principales figuras del soberanismo, y especialmente el cesado president Carles Puigdemont, pueden reconvertirse en arietes electorales del frente soberanista.

“Nadie se puede sustraer a la acción de la Justicia”, afirmó Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. Lo señaló en referencia al auto de la jueza Carmen Lamela contra el exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ocho exconsellers, aunque ello no fue óbice para que reconociera que tienen la puerta abierta a presentarse a los comicios. Mientras no haya una sentencia firme de la Justicia, no pueden ser privados de sus derechos. Así lo recoge esa misma legislación española que ha llevado a la cárcel a la mayor parte del Govern.

El portavoz del Ejecutivo fue claro y conciso al respecto. “En cuanto a quién puede formar parte de las listas electorales, de acuerdo con nuestra legislación electoral, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos”, abundó. A pesar de los cargos que pesan sobre el vicepresident y los consellers cesados, y que les han llevado a prisión, Moncloa no podrá hacer nada para evitar que puedan concurrir. No, al menos, hasta que el embrollo judicial que les rodea no se solucione con un dictamen de culpabilidad en los tribunales. O que el Tribunal Supremo quite el caso a la Audiencia Nacional y acelere los trámites hasta la extenuación.

La hipótesis de que Puigdemont pueda formar parte de alguna candidatura de cara a los comicios del 21-D, ya sea en el seno del PDeCAT como en una alianza previa entre su formación y ERC, fue ayer alimentada también desde Bélgica. El Gobierno belga, a la vista del problema que le ha sobrevenido con la estancia del expresident y otros cuatro exconsellers -Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- a Bruselas, ha decidido templar la polémica.

60 días Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente, Marie-Christine Marghem, advirtió de que el plazo para cumplir con la extradición de Puigdemont podría alargarse hasta 60 días, eche mano o no de recursos judiciales. “No hay nada que hacer”, remarcó para garantizar que a pesar de que la Justicia española dicte finalmente la euroorden para su arresto, la legislación del país contempla la posibilidad de que permanezca hasta dos meses en su territorio. El Gobierno, aún así, confía en los “instrumentos internacionales” que están a su entera disposición “para que aquellas personas que pretendan sustraerse sean puestas a disposición” de los jueces. “España es un Estado de Derecho” y “nadie se puede sustraer a la acción de la Justicia”, reiteró el portavoz.