La cárcel pesa

Por Gabriel Mª Otalora - Miércoles, 27 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

La cárcel es un invento para que las personas que han infringido un nivel del Código Penal penen durante meses o años encerrados bajo la tutela judicial. Sobre todo es una privación de libertad legal, aunque se haya convertido en lugar fácil para los excesos e incluso las vulneraciones de los derechos humanos en forma de hacinamiento y demasiados internos en situación de preventivos. Fue un invento a mejor respecto a la situación anterior, pero está claro que sus esencias deben ser revisadas para adecuar las penas a los objetivos de reinserción.

Quiero decir que las cárceles no son para la mayoría de los delitos, ni aun en las mejores condiciones de habitabilidad y prestaciones conforme a lo que la normativa general penitenciaria indica. La razón fundamental es que las personas recluidas a partir de un tiempo determinado acaban peor de cómo entraron;y que la realidad sigue siendo que demasiadas personas reclusas son pobres y enfermas.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuando los gobiernos adoptan un enfoque punitivo sin tratar de eliminar los factores que dan lugar a conductas delictivas, los centros penitenciarios acaban albergando mayoritariamente a personas de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, junto con un número -inferior- de delincuentes peligrosos y violentos. En suma, que el aumento de la población carcelaria “no responde a un incremento evidente de la delincuencia, sino al incremento de las penas de prisión y de la duración de estas”.

Para evaluar el sistema penitenciario es preciso tener en cuenta que la gestión eficaz de las cárceles no depende únicamente de las autoridades penitenciarias, sino que está directamente relacionada con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto;y con las presiones que recibe dicho sistema desde fuera. Así de claro;lo vemos en las tendencias condenatorias en numerosos países, que se han visto influidas de manera significativa fruto de la presión ejercida por la ciudadanía o los políticos para endurecer las políticas penales, en pleno pulso de justicia contra venganza.

El modelo penitenciario necesita una reforma, que no se plantea siquiera, al entender la sociedad que un poco de saña no viene mal con personas determinadas. Pero esto no es justicia. Y así estamos viendo cómo van entrando, por un lado, personajes infectos que nunca pensaríamos que iban a cruzar los umbrales de un penal por sus delitos económicos. Lo cierto es que, en pleno siglo XXI, se entendería mejor encerrarles condicionalmente a la espera de que devuelvan lo robado, y luego imponerles unas cargas solidarias ejemplares para con la comunidad. Y por otro, entran también políticos por intentar la independencia, aunque inciten a seguirles de manera pacífica.

Y junto a ellos, los restos de la historia de ETA que no quieren abjurar de sus acciones, estas sí, muy violentas, y con consecuencias trágicas para sus víctimas y toda la sociedad a la que tensionaron hasta el límite. Reclaman el acercamiento legal, hace pocas fechas desde París, para los presos recluidos en cárceles francesas.

Pretenden que el Gobierno galo humanice la política penitenciaria. Claro que tienen razón en sus protestas para desactivar la obsoleta política de dispersión que hoy no es más que un signo de venganza revestido de falsa ejemplaridad. (Y no hay peor forma de injusticia que la justicia simulada, en palabras de Platón). Tanta razón como lo poco que ayuda mantener ese silencio ominoso sobre la necesaria desaparición de ETA mientras sus miembros persisten en refugiarse bajo el paraguas del EPPK pretendiendo olvidarse de las atrocidades causadas sin ningún miramiento para las víctimas. Con toda la inhumanidad que supone, ello no debería redundar en las condiciones carcelarias de dispersión, en Francia ni en España, que suenan a canto de venganza.

Es preciso ampliar el terreno de la justicia, a la que deben servir las leyes buscando la convivencia y los derechos humanos, ambas cosas. Leyes que se incumplen depende, como el traspaso de la competencia penitenciaria al Gobierno Vasco, entre otras. Queda mucho de ajuste de cuentas social en las cárceles, aunque sea revestido de capas legales, y de perpetuación de un sistema penitenciario a todas luces injusto en la práctica. Lo cierto es que solo despertamos del letargo cuando la injusticia toca de cerca: entonces protestamos, pero es demasiado tarde para quien le ha tocado. ¿Les está pasando algo de esto a los presos de ETA? Al menos estos tienen a quienes reivindican sus derechos legales. Y los presos por delitos económicos o por el separatismo pacífico consiguen fianzas y buenas defensas. ¿Pero en qué situación están los llamados presos comunes?

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