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Un sudoku sin resolver

La financiación autonómica es una asignatura pendiente de Rajoy en un 2018 que se avecina caliente. Sin Presupuestos aprobados, Madrid congela más de 4.200 millones a unas autonomías que ya estaban en pie de guerra por el reparto

Un reportaje de Imanol Fradua - Domingo, 7 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:15h

Conferencia de presidentes autonómicos de enero del pasado año, en la que se trataron de establecer los mecanismos para el nuevo sistema de financiación.

Conferencia de presidentes autonómicos de enero del pasado año, en la que se trataron de establecer los mecanismos para el nuevo sistema de financiación. (Foto: Efe)

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Conferencia de presidentes autonómicos de enero del pasado año, en la que se trataron de establecer los mecanismos para el nuevo sistema de financiación.

Decía el exministro de Economía del PSOE en la época de Zapatero, Pedro Solbes, que la financiación autonómica era un sudoku imposible de despejar. Miles de números sobre la mesa y múltiples variables para colocar las cifras en su lugar, pero ninguna de las autonomías incluidas en el régimen común -todas menos la CAV y Navarra- se quedaban contentas. El dinero que obtienen las regiones ha sido foco de conflictos permanentes, aunque en esta ocasión las disputas vienen más calientes que nunca. Sin Presupuesto General del Estado al que agarrarse, el Gobierno español ha recortado una porción de al menos 2.000 millones de euros de la tarta a repartir. Y el PP esperará a que Catalunya tenga Govern para abrir la fuente de financiación. Con las comunidades en pie de guerra desde hace tiempo, ambos condicionantes no han hecho más que recrudecer una guerra cainita de difícil solución.

La conferencia de presidentes autonómicos, celebrada en enero del pasado año, estableció la revisión de las bases de un reparto para el que existen opiniones para todos los gustos, especialmente en lo que respecta a los indicadores que guían los desembolsos comunidad a comunidad. Con ocho años de vigencia del anterior acuerdo -el anterior databa de los tiempos de Rodríguez Zapatero-, los dirigentes territoriales del PP y del PSOE suscribieron crear una comisión de expertos para reformular el sistema. Las labores se llevaron a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, y el de Presidencia y Administraciones Territoriales, encabezado por Soraya Sáenz de Santamaría. Su dictamen final llegó seis meses después. Pese a que sus conclusiones no satisficieron a nadie, el PP gobernante trató de acallar las críticas -sobre todo por las regiones bajo gobierno socialista- afirmando que el 2018 alumbraría un nuevo modelo.

No ha sido así por varios factores. El primer motivo es que la situación política de Catalunya centró el interés del Ejecutivo de Rajoy, postergando la financiación autonómica a un segundo plano. Lejos de apretarse el cinturón, y empujados por los positivas previsiones económicas, las propias administraciones autonómicas han ido acumulando deuda sin parar. El modelo propiamente dicho ha generado intensas discrepancias entre territorios. La aprobación del Cupo vasco, certificada a finales de noviembre, levantó ampollas entre algunos barones territoriales pese a ser un instrumento reconocido por la Constitución española. Las desviaciones en las previsiones entre julio y diciembre -que se suelen presentar en el Consejo de Política Fiscal-, contabilizadas en más de 2.000 millones de euros que las arcas autonómicas no ingresarán, también han servido para caldear el ambiente. Y Moncloa ha echado esta semana más sal en la herida abierta. Sin Presupuestos Generales del Estado que sustenten las asignaciones, Hacienda ha optado por congelar 4.230 de millones de euros. Con semejantes condiciones sobre el horizonte, no es de extrañar que se haya generado una tormenta perfecta que ha estallado estas últimas semanas.

Catalunya dispondrá 779 millones de euros menos de los estipulados por Montoro;la Comunitat Valenciana, 353 millones menos;Aragón, 148 millones menos;Andalucía, poco más de 800 millones menos que los embolsados en 2017;la Comunidad de Madrid, 571 millones menos;Galicia, 321 millones menos;Castilla-La Mancha 208 millones menos;Asturias, 155 millones menos.... la lista de damnificados es extensa, salvo en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, que no forman parte del régimen común. La CAV y la comunidad foral tienen reconocida la potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario. Dicho de otro modo, recaudan sus propias impuestos, lo que les permite no tener que acudir a la bolsa que reparte el gobierno de Madrid. A la vista de la situación abierta, las comunidades gobernadas por el PSOE han puesto el grito en el cielo por boca de sus principales barones. De hecho, la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, Patricia Blanquer, registró esta pasada semana una solicitud de comparecencia para que Montoro aclare las razones por la que “se ha incumplido el compromiso alcanzado en la Conferencia de Presidentes para reformar el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas antes de finales de 2017”.

Los barones territoriales del PSOE han alzado la voz ante el retraso de la financiación. No veladamente, pero los del PP también se han quejado

lluvia de críticas Los del PP, que tampoco parecen dispuestos a tragar con la desviación negativa, aunque han esgrimido un tono mucho más conciliador que los presidentes del PSOE. Ha habido diversas muestras de la contundencia empleada por los socialistas a la hora de criticar el incumplimiento del tridente Rajoy-Sáenz de Santamaría-Montoro de insuflar las cantidades acordadas por no tener un Presupuesto aprobado a fecha del 1 de enero de 2018. “No nos quedaremos de brazos cruzados”, advertía esta semana la presidenta de Baleares, Francina Armengol. La secretaria de Política Municipal de Andalucía, María Jesús Serrano, criticó el “chantaje”. Castilla-La Mancha, dirigida por Emiliano García Page, hizo lo propio. “Además de una evidente deslealtad institucional, con esta decisión el Gobierno central está también atacando la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que no pueden estar supeditadas a que el Gobierno de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos”, aseguraron. El valenciano Ximo Puig, quien lanzó duras reprimendas contra el Cupo de la CAV por ir “contra” su comunidad, no se quedó atrás. La calificó de “despropósito” del un Ejecutivo que “está jugando con fuego” con el asunto de la financiación autonómica. Su número dos, la vicepresidenta Mónica Oltra -Compromís-, también fue muy crítica. Aseveró que “somos la comunidad peor financiada del país, que tenemos menos gasto público por habitante que el resto de comunidades”.

a la espera de CatalunyaAl estilo de su presidente, el Ejecutivo español ha optado por templar gaitas ante el maremágnun de críticas que le han llovido desde el bando socialista. De hecho, y pese a la llamada de Génova a que sus lugartenientes territoriales no se salgan del guión, el malestar larvado durante el último año ha dado incluso para alianzas entre comunidades -caso de Castilla-León, Galicia y Asturias, las dos primeras en poder del PP y la tercera del PSOE- en favor de un modelo diferente al actual. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró esta misma semana que “en las próximas semanas” se acometerá la negociación política del nuevo sistema de financiación autonómica. Habrá que esperar, ya que confía en zanjarlo durante el presente año. Eso sí, permanecerán a la espera de lo que acontezca en una Catalunya bajo la imposición del artículo 155 que todavía debe de cerrar la composición de su Parlament y poner en marcha un nuevo Govern.

Sin embargo, y de puertas para adentro, el Ejecutivo de Rajoy es consciente de que resultará sumamente complejo zanjar la cuestión. En primer lugar por la inestabilidad política que rodea a Catalunya, pero también por la complejidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado que abran la fuente financiera a las autonomías. Así, ya hay quién asegura que las hojas del calendario de 2018 caerán sin que el sudoku de la financiación autonómica se complete. Aunque se consiga, lo que está claro es que el modelo no contentará a casi nadie.

Financiación propia

La Cav y navarra, bajo su régimen

Bilateralidad. Los Territorios Históricos de la CAV y la Comunidad Foral de Navarra tienen potestad para regular su régimen tributario. Regidos por un régimen distinto al resto de autonomías del Estado, las haciendas forales son las encargadas de recaudar impuestos y después abonar una parte proporcional a su peso demográfico -el Cupo de la CAV un 6,24% y el de Navarra un 1,6%- por competencias no transferidas. Este sistema bilateral, pese a las críticas que genera en el Estado, es una fórmula de riesgo, ya que las actualizaciones del Concierto vasco y del Convenio navarro suelen quedar al albur de las negociaciones entre los Ejecutivos de Vitoria y de Pamplona, lo que en ocasiones reporta años de duras negociaciones. Durante el año 2017 se aprobaron ambos instrumentos.

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