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ratificada la condena de la audiencia navarra

Ratifican la pena de 4,5 años a una empleada de banco de Pamplona por estafar 483.981 € a clientes ancianos

Era empleada de CaixaBank y el Supremo no le aplica atenuantes por confesar y reparar el daño

Enrique Conde - Jueves, 22 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Palacio de Justicia de Navarra.

Palacio de Justicia. (Patxi Cascante)

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Palacio de Justicia de Navarra.

pamplona- El Tribunal Supremo ha ratificado una condena de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra a 4,5 años de prisión por un delito continuado de estafa a A.I.B., de 35 años, empleada de CaixaBank en Pamplona, que se apropió de 483.981 euros de varios clientes ancianos. La defensa recurrió al Supremo para que se le aplicaran las atenuantes de confesión y reparación del daño, por haber puesto a disposición de la entidad bienes inmuebles familiares para tratar de resarcir la cantidad que tuvo que ser repuesta a los clientes. Pero el Supremo no aplica ninguna rebaja. Considera que esos bienes pertenecían a terceras personas y estaban fuera de su poder de disposición y, además, no ha abonado cantidad alguna desde el inicio del procedimiento. Tampoco entiende que se le debe rebajar la pena por confesión porque al entrevistarse con los auditores “ofreció datos sobre clientes aún no detectados, pero no puede desconocerse que ella ha negado cualquier apropiación sin conocimiento ni consentimiento de los clientes. No consta una actitud de reconocimiento de los hechos y los datos que aporta no hacen referencia al núcleo esencial de la conducta, por lo que no se puede apreciar que la acusada haya colaborado de forma eficaz”.

les retiraba dineroEn la sentencia, la Audiencia consideró probado que la acusada, “valiéndose de su condición de empleada” del banco y de la “total confianza” de sus clientes de entre 73 y 88 años (a los que les hacía firmar sin dudar), retiró “importantes” cantidades de dinero de sus cuentas corrientes. Estas retiradas de fondos las efectuaba mediante operaciones bancarias cuyos justificantes hacía firmar a sus clientes, quienes lo hacían “desconociendo la operación bancaria que reflejaban esos justificantes, creyendo que obedecían a operaciones ordinarias” y “desconociendo que realmente mediante tales actuaciones se hacían retiradas de cantidades que les pertenecían”. La acusada hacía suyo ese dinero o lo destinaba a una sociedad familiar de la que era administradora solidaria y que atravesaba importantes dificultades económicas. Con una de las clientas le unía una relación de especial confianza y, de hecho, la acusada le abrió una cuenta en la que figuraban como titulares dicha clienta y el propio abuelo de la procesada. Sin embargo, esta clienta no pudo declarar en el juicio por su estado de salud y su hermano negó que tal operación fuera permitida.

Los servicios de auditoría del banco detectaron “irregularidades” en la actuación de la acusada y mantuvieron el 31 de marzo de 2015 una entrevista con ella. Tras esta entrevista, la acusada contactó con los titulares de las cuentas bancarias solicitándoles que firmasen un documento reconociendo haberle prestado las cantidades de las que se había apropiado, documento que fue firmado por la mayoría de los clientes, según añadía la sentencia de instancia.

engaño con confianzaEl Alto Tribunal sostiene que el razonamiento de la condena fue lógico y que “no puede aceptarse que se hubiera producido un relajamiento en los deberes de autoprotección de las víctimas al firmarle un documento a la acusada sobre los préstamos efectuados. Engañó a muchas personas de avanzada edad que tenían una especial confianza con ella -dice el Supremo- dado el puesto que ocupaba en el banco y los años de relación profesional que les unía, sin que concurra algún factor que pudiera hacerles dudar de la legalidad de su actuación”.

En el presente caso, analiza el Alto Tribunal, “la acusada actuó con conocimiento del peligro concreto que para el patrimonio de los clientes de la entidad supuso la propuesta de diferentes operaciones procediendo a disponer del dinero, cuando era sabido que no realizaba operación alguna en interés de los titulares y que por tanto experimentarían un grave perjuicio en su patrimonio”.