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Todas las fuerzas menos el PP apoyan un pacto de mínimos sobre derechos humanos

Amnistía Internacional propone al Parlamento una declaración que pide justicia integral para las víctimas de la violencia

A. Irisarri Javier Bergasa - Miércoles, 28 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

En la mesa del Parlamento: Daniel Canales, Esteban Beltrán, Tere Sáez (Podemos) y Adriana Goicoechea.

En la mesa del Parlamento: Daniel Canales, Esteban Beltrán, Tere Sáez (Podemos) y Adriana Goicoechea.

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En la mesa del Parlamento: Daniel Canales, Esteban Beltrán, Tere Sáez (Podemos) y Adriana Goicoechea.
“Tras el fin de ETA es el momento para que los partidos políticos consensuen una agenda común”

pamplona- Amnistía Internacional propuso ayer al Parlamento de Navarra la puesta en marcha de una “agenda común” que permita unir a todos los partidos políticos con representación en la Cámara en la difícil tarea de “cerrar la herida” que durante casi 50 años ha mantenido abierta la violencia de ETA. Se trata de un pacto de mínimos sobre derechos humanos encaminado a reconocer el derecho a la “justicia, verdad y reparación de todas las víctimas”, y en el que se explicita la necesidad tanto de esclarecer todos los atentados sin resolver de ETA como de que el Estado reconozca públicamente que el empleo de la tortura en la lucha antiterrorista estuvo mal y “no puede volver a ocurrir”. El acuerdo, de seis puntos y que tomaría la forma de una declaración institucional, fue visto con buenos ojos por parte de las fuerzas del cambio, el PSN y también UPN, que a través de su portavoz Iñaki Iriarte aseguró estar a favor de buena parte de los compromisos, aunque expresó su deseo de matizar otros. Pero en cualquier caso, el discurso más reacio y con menos compromiso fue nuevamente el del PP, que incluso puso en duda los casos de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y finalmente terminó descolgándose con un breve alegato contra Amnistía Internacional, organización a la que acusó de mentir en algunos datos, como en los relativos al referéndum del 1 de octubre en Catalunya.

Fue una pequeña delegación de Amnistía Internacional la que llevó el acuerdo al Parlamento, en el transcurso de una comparecencia en la comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. La visita contó con la presencia de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España;el investigador Daniel Canales;y la coordinadora territorial de Navarra, Adriana Goicoechea, y estuvo dividida en dos partes. Por un lado, la delegación dio a conocer los datos del último informe anual de la organización sobre derechos humanos. Según relató Beltrán, ETA asesinó “a más de 800 personas”;el GAL mató a 27 personas -“no hay investigaciones judiciales sobre los muertos por el Batallón Vascoespañol”-;y se pueden cuantificar en 4.200 las denuncias públicas por haber sufrido torturas, con 292 expedientes en la Comunidad Foral. Datos que, siete años después del fin de ETA, obligan a juicio de Amnistía Internacional a buscar una respuesta que no deje a ninguna víctima fuera. “Ahora que ya no hay que mirar debajo del coche, vemos la oportunidad para poner encima de la mesa una agenda común” que garantice el acceso de todas las personas a los derechoshumanos.

Beltrán enumeró algunos de los epígrafes que, se supone, quedarán plasmados en una declaración institucional que arribará al Parlamento en los próximos días. El texto contendrá un llamamiento explícito al “esclarecimiento de los atentados de ETA sin resolver”;al reconocimiento público por parte del Estado de que existió la tortura, práctica que debe ser reparada;a la modificación del actual tipo penal sobre terrorismo, “muy vago” a juicio de Beltrán;al paulatino repliegue de una legislación antiterrorista “de excepción” que se está “cronificando” con las medidas de “incomunicación” que habrá que ir “eliminando”;y al fin de la dispersión, siempre que sea en “peticiones individuales”. Un pacto de mínimos “despojado de cualquier sesgo”, que está al corriente de la legislación internacional, y que debería ser la hoja de ruta que permita “pasar página” no sin antes “leerla con detenimiento”.

por el acuerdoCasi todo el arco parlamentario acogió bien la propuesta. Virgina Alemán, de Geroa Bai, se centró sobre todo en la necesidad de garantizar la salvaguarda de los derechos de los detenidos. Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, lamentó que por parte de algunas formaciones no exista voluntad política para dar pasos que, aseguró, sí da su formación. Laura Pérez, de Podemos, criticó que el Estado “no garantiza ni la verdad ni la reparación”. Una idea sobre la que también volvió José Miguel Nuin, de I-E, que dijo que “para el Estado no hace los mismos deberes” con todas las víctimas. El PSN, por su parte, expresó a través de Inma Jurío que lo importante sería “alcanzar un acuerdo”. Por último, Javier García, del PP, se escudó en el daño hecho por ETA, dudó de la existencia de las torturas y dejó entrever que la organización había manipulado datos, al contraponer que sólo se fían “de la Justicia”.

datos

esteban beltrán

Director de Amnistía Internacional España

2.000

afiliados en navarra. Amnistía Internacional cuenta con 2.000 afiliados en Navarra, el mejor ratio con respecto a la población de todo el Estado.

98,11%

víctimas de eta reparadas. Según datos de Amnistía Internacional, el 98,11% de las víctimas de ETA han recibido algún tipo de indemnización económica.

4.200

denuncias de tortura. Es la cifra de denuncia públicas por esta práctica que maneja Amnistía Internacional.

Juicio turco. Amnistía Internacional hará llegar otra declaración de apoyo al presidente de la organización en Turquía, Taner Kiliç, encarcelado por Erdogan.

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