Archivadas de nuevo las supuestas irregularidades de UPN en Egüés

El recurso del Ayuntamiento insistía en que no se habían tenido en cuenta las posibles irregularidades penales por la gestión pública

D.N. - Miércoles, 11 de Abril de 2018 - Actualizado a las 12:49h

Potau felicita a Andía al ser elegido alcalde en 2003 tras la dimisión de Galipienzo.

Potau felicita a Andía al ser elegido alcalde en 2003 tras la dimisión de Galipienzo. (J.B.)

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Potau felicita a Andía al ser elegido alcalde en 2003 tras la dimisión de Galipienzo.

PAMPLONA. El juzgado de Aoiz que investiga las presuntas irregularidades detectadas entre 2004 y 2013 en el Valle de Egüés durante los mandatos de UPN ha decretado el archivo de la causa, en la que aparecían en calidad de investigados antes imputados los cargos regionalistas Josetxo Andía, exalcalde del Valle de Egüés, y las exconcejales Carolina Potau, Estefanía Platero, Alberto Idoate e Íñigo Solchaga;así como la cúpula de la empresa Nasipa, promotora de varios proyectos urbanísticos: Juan Larraza, Gregorio Luis Ezquerra, Saturnino Luis Ezquerra y Miguel Luis Ezquerra.

Los delitos que se les imputaban eran los de prevaricación administrativa, malversación, falsificación de documentos públicos y cohecho.

En el auto, se recoge que aunque el informe de Comptos es "la principal prueba incriminatoria, el resto de la instrucción practicada no permite constatar indicio delictivo alguno, no solo las últimas testificales practicadas, sino también documental obrante en la causa y las declaraciones testificales de los muchos técnicos que han ido deponiendo a lo largo de la instrucción".

Agrega la juez que en el ámbito penal "corresponde a la acusación la carga de la prueba de la culpabilidad y la acusación recurrente (el Ayuntamiento del Valle de Egüés) no concreta hechos irregulares contables, ni ningún otro hecho no contable con trascendencia penal, resultando así imposible efectuar la labor de subsunción de los hechos denunciados en tipo penal alguno, que por otra parte la acusación tampoco concreta en este primer motivo del recurso".

"No corresponde al instructor penal más calificación que la de los hechos con trascendencia penal, sin tener que entrar en valoraciones adicionales que no le competen", señala la titular del Juzgado de Primera Instancia de Aoiz.

Asimismo, manifiesta que "si bien es cierto" que el auto que archivó el caso "se apoya en forma fundamental en el acta provisional del Tribunal de Cuentas para acordar el sobreseimiento, ello es porque la propia acusación reconoce que las más de 50 irregularidades detectadas por la comisión de investigación fueron la base para el informe de la Cámara de Comptos, y resulta que sometidos tales hechos a la superior instancia que representa el Tribunal de Cuentas, dicho tribunal no corrobora irregularidades contables".

En este sentido, la juez subraya que "dicha superior instancia no solo analiza supuestos de ausencia de justificación de gastos por quienes disponen de fondos públicos, sino también supuestos en que los fondos públicos se aplican a fines distintos de los legalmente previstos".

"Ocurre que tipos penales aquí investigados presentan una zona de confluencia con la jurisdicción contable, sin perjuicio de que los respectivos ámbitos de una y otra jurisdicción sean distintos. Sin embargo, en esa zona de confluencia, el tipo penal exige la apreciación de responsabilidad contable, y aquí, sujetos los hechos a la superior instancia contable, ésta ha determinado que salvo en un supuesto, los hechos denunciados tenían cobertura legal, el destino dado a los fondos públicos no se apartó del fin previsto y que no hubo daño ni menoscabo de efectos públicos, sin perjuicio de que como toda gestión, pueda tener aspectos criticables o mejorables", argumenta.

Según indica en el auto, "lo anterior es extrapolable a posibles delitos tributarios, teniendo en cuenta que los hechos objeto de esta instrucción igualmente se pusieron en conocimiento de Hacienda, sin que la misma ni siquiera se haya personado en el proceso, sin que deba además obviarse que el derecho penal es siempre de interpretación más restrictiva".

El Ayuntamiento del Valle interpuso recurso al sobreseimiento provisional de la causa. El actual Consistorio consideraba que no se han tenido en cuenta las posibles responsabilidades penales de los anteriores gestores municipales y que sólo se han analizado aspectos contables. La causa fue promovida por todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento del Valle de Egüés tras la dimisión de Andía y recogía algunas de las irregularidades que se habían detectado tras el cambio de gobierno, como más tarde confirmaría la Cámara de Comptos en un informe remitido al juzgado.

La conclusión en ambos casos es que el Ayuntamiento favoreció a intereses privados en detrimento de los intereses públicos. En el auto de julio, la juez consideraba que no hay responsabilidad penal en los hechos denunciados. La titular recurre en su argumentación a una resolución reciente del Tribunal de Cuentas, que no halló responsabilidades contables en los investigados, aunque reconoce que "no siempre se dio la mejor gobernanza económica a las sociedades públicas".

DENUNCIAS DE COMPTOS Con el argumento de que no hubo responsabilidades contables, excepto en un supuesto, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aoiz pasaba por alto actuaciones que Comptos denunció, como que el Ayuntamiento no ejerciera un control adecuado sobre las actividades de las sociedades;que se favoreciera en ocasiones al socio privado que en algunos casos incumplió su propia oferta de asumir los compromisos financieros o que se emitieran facturas a una sociedad mixta sin responder a un gasto ejecutado o a un servicio prestado. Dichas facturas sumaban 1,7 millones. Tampoco apreciaba la jueza indicios penales en un proceso de contratación que revisó la Cámara de Comptos, donde se dio el caso de que el propio representante de la empresa privada Nasipa actuó como presidente del órgano de contratación que adjudicó a dicha empresa la construcción de viviendas.

El informe también señaló la existencia de algún proyecto técnico sobre promoción de viviendas contratado con anterioridad a iniciar el proceso selectivo. El único caso en el que la jueza determinaba que hubo irregularidades hace referencia a dos subvenciones que UPN concedió para obras en la iglesia de Ibirucu entre 2008 y 2009 por un importe global de 127.000 euros. Sin embargo, en el auto excluía los delitos de malversación o prevaricación al considerar que fue un acuerdo colegiado del consejo de administración de Andacelay y que la acusación no ha cuestionado esta actuación.

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