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La histórica sentencia del caso Gürtel condena a Correa a 51 años, a Bárcenas a 33 y al PP a título lucrativo

El PP es considerado responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros de la red corrupta - Las condenas suman 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados por la primera época de 'Gürtel';ocho acusados absueltos, entre ellos, 'El Bigotes' - La sentencia considera a Ana Mato y a Gema Matamoros partícipes a título lucrativo, como el PP

D.N. - Jueves, 24 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 11:21h

La sede central del PP en la calle Génova de Madrid, entre Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta 'Gürtel', y el extesorero del partido, Luis Bárcenas.

La sede central del PP en la calle Génova de Madrid, entre Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta 'Gürtel', y el extesorero del partido, Luis Bárcenas. (D.N.)

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La sede central del PP en la calle Génova de Madrid, entre Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta 'Gürtel', y el extesorero del partido, Luis Bárcenas.El extesorero del PP Luis Bárcenas, autor de los célebres ‘papeles’ de la caja B, tras la imagen desenfocada del líder de la ‘trama Gürtel’, Francisco Correa.El extesorero del PP Luis Bárcenas, a su llegada esta mañana a la sede de la Audiencia Nacional.

MADRID. La Audiencia Nacional ha condenado al 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 y 11 meses años de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Se convierte así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que se ha dado a conocer este jueves y consta de 1.700 folios impone una multa de 27.857 euros a la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato -a la que también responsabilizan como partícipe a título lucrativo-- por beneficiarse de regalos (estola y encharpe), viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa.

Se juzgó el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

"UN AUTÉNTICO SISTEMA DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL" La sentencia considera probado que entre los años 1999 y 2005 el grupo de empresas de Francisco Correa y el PP se tejió en diferentes territorios una "estructura de colaboración estable" que llevó a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".

Este sistema tenía lugar gracias a la "estrecha y continua relación" de lo que la sentencia denomina "Grupo Correa" con "influyentes militantes" del PP que han sido enjuiciados en este juicio --como Alberto López Viejo, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda--, los cuales "tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".

El Grupo Correa desplegó sus actividades, según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en territorios gobernados por el PP: Estepona (Málaga), los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo de Alarcón (2003 a 2005), Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).

El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el PP se tejió "una estructura de colaboración estable" y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido.

ARBITRARIO TRATO DE FAVOR Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada relatan en la sentencia cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, "gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública".

Según explican, inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad de la obtención ilícita de beneficios a costa del erario público, "o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc", de las que "en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".

Otras cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada 'caja B' del partido.

Esta 'caja B' era "una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

Eso sí, los magistrados explican que esto último se describe en la sentencia "únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto del enjuiciamiento", si bien quedan "fuera de su ámbito de conocimiento". La 'caja B', de hecho, está siendo investigada por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional José de la Mata.

8,4 MILLONES EN CONTRATOS PÚBLICOS Por los hechos juzgados en esta pieza, Francisco Correa, percibió 8,4 millones de euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos generaron un "importante perjuicio" a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado "era mayor que el normal de mercado y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones". Además, Correa ingresó más de 2,8 millones de euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.

En lo que el tribunal denomina "auténtico sistema de defraudación del erario público", el extesorero del PP Luis Bárcenas supuso una "pieza fundamental" porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, "de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio".

Así, en esa relación, Correa se encargaba de los contactos con los empresarios y, a su vez, contactaba con Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias "para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida".

LA FORTUNA DE BÁRCENAS EN SUIZA, A BASE DE COMISIONES La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza "con fondos de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas". Afirman que también se apropió indebidamente de la 'caja B'.

Y es que el tribunal explica que desde el año 2000, Bárcenas desarrolló por su cuenta y en colaboración con su esposa, Rosalía Iglesias, quien ha sido condenada a 15 años de prisión, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza.

Por tanto, rechazan el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía Iglesias de que carecía de los conocimientos para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación le relegaría "a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el tribunal".

COLABORADORES EXTERNOS DE LA TRAMA La sentencia distingue entre los miembros de la trama de Correa, a los que condena por asociación ilícita (salvo los ya condenados en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Fitur), y los colaboradores externos, que desempeñaban sus funciones en el ámbito de la Administración. Entre estos últimos, describe el papel en Estepona por del gerente de la Sociedad Municipal de Turismo Ricardo Galeote en los contratos a las empresas de Correa;y el papel ejercido por el diputado por Segovia Jesús Merino en Castilla y León.

En Pozuelo, el tribunal describe las actuaciones ilícitas ejecutadas por el exalcalde Jesús Sepúlveda;en la Comunidad de Madrid detalla los actos llevados a cabo por el ex director general de Inmigración Carlos Clemente;y destaca la operativa ilícita desarrollada por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero Alberto López Viejo.

Todos ellos, aprovechándose de sus competencias dentro de la Administración, convenían con Correa para procurarse ilícitamente un mutuo beneficio. Y las comisiones no sólo se abonaban en metálico, sino con viajes, regalos de coches, relojes o eventos familiares, como en el caso de Sepúlveda y su entonces esposa, la exministra Ana Mato.

Para la Sala, basta la sola lectura de los hechos para comprobar la importante cantidad de actuaciones prevaricadoras que se manifiestan "de cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación, como los fraccionamientos, la contribución en la elaboración de los pliegos de prescripciones o la preselección de empresas. Todas ellas son una muestra clara de torcimiento del derecho, característico de la prevaricación, que, además, tiene por finalidad detraer de los caudales públicos que tienen bajo su custodia los acusados. 

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