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La Justicia navarra no devolverá los impuestos de las hipotecas

Primera sentencia de la Audiencia Provincial que asume el criterio definitivo del Supremo

J. Morales/E. Conde - Miércoles, 13 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Exterior del Palacio de Justicia de Pamplona.

Exterior del Palacio de Justicia de Pamplona. (Javier Bergasa)

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Exterior del Palacio de Justicia de Pamplona.

PAMPLONA- La Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que fija definitivamente los criterios para el reparto de los gastos de formalización hipotecaria, asumiendo el criterio dictado por el Tribunal Supremo, lo que supone una de cal y otra de arena para los demandantes: percibirán los intereses devengados desde el momento en el que se realizaron los pagos, pero no la partida correspondiente al impuesto, que se concluye que debe ser asumida por el prestatario o consumidor.

Hasta la fecha, que los gastos de notario, registro y gestoría fueran abonados por el banco era un criterio seguido por todas las instancias judiciales y el problema radicaba en la partida del impuesto, donde unos jueces de primera instancia lo devolvían y otros no, por lo que existía una disparidad de criterios. Este problema generaba una incertidumbre para los consumidores que no sabían si recuperarían este gasto o no, ya que el Tribunal Supremo en un primer momento decidió conceder todos los gastos pero recientemente dictó una sentencia que no concedía el impuesto al entender que debía sufragarlo el consumidor.

Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso de la entidad Abanca Corporación Bancaria contra una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Tudela que reconoció a un consumidor la devolución de 1.484,98 euros en concepto de gastos de hipoteca, tras la anulación de la cláusula suelo contenida en una escritura formalizada el 20 de abril de 2010.

La Audiencia Provincial de Navarra ha reducido a 772,48 euros la cantidad que debe abonar la citada entidad bancaria al demandante al hacer suyo el criterio del Tribunal Supremo que establece que la partida del impuesto derivado del contrato de préstamo con garantía hipotecaria debe ser asumida por el propio prestatario del crédito, y no por el banco.

Además, la sentencia de la Audiencia Provincial aclara la fecha de referencia para calcular los intereses, que no será la correspondiente a la formalización del préstamo (postura del demandante), ni la de la reclamación judicial (postura del banco), sino que deberá computarse desde el día en que las cantidades objeto de la condena fueron entregadas (por aplicación de la cláusula suelo y en concepto de gastos). Por último, la sentencia de apelación exime a la entidad bancaria de asumir el pago de las costas procesales.

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