Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

Estado de inmundicia

Que un expolicía protegido desde González a Rajoy pero implicado en varios casos delictivos condicione la estabilidad del Gobierno confirma la descomposición durante décadas de la estructura del poder en España

Jueves, 27 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Fue la constatación general del aluvión de casos de corrupción que afectó fundamentalmente al Partido Popular, pero no solo, y que obligaron finalmente a Mariano Rajoy a dejar la presidencia del gobierno. Fue la confirmación pública del escándalo en torno a la jefatura del Estado con Juan Carlos I, forzado a la postre a delegar en su hijo, Felipe VI, y dentro de la Casa Real. Ha sido la verificación social de la propagación de las prebendas universitarias a cierta clase política beneficiada con títulos y másteres para sus currículums, que acaba con la ineludible dimisión de presidentes autonómicos y ministros... Que ahora un comisario de Policía, José Villarejo, estrella de la lucha antiterrorista y protegido por todos los que han gobernado en el Estado desde Felipe González a Mariano Rajoy -pero relacionado con el caso Ático de Ignacio González, imputado en el caso del pequeño Nicolás, investigado en el caso Pinto y detenido por blanqueo y organización criminal en la operación Tándem- pueda condicionar la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez mediante el chantaje con la filtración de grabaciones de conversaciones privadas no es sino la confirmación de un estado de inmundicia extendido durante décadas en estructuras de poder del Estado español. Y, mientras, el debate político se limita a la exigencia de dimisión del rival o el cierre de filas con el correligionario, actitudes para las que vale todo, incluyendo la manipulación y la desvergonzada mentira pública, y las instituciones representativas de la soberanía popular, Congreso y Senado, se entretienen en triquiñuelas que paralizan su actividad legislativa. Pero el Estado español es por tercer año consecutivo el de mayor déficit público de la UE, un déficit que roza el 100% del PIB. Al tiempo, mantiene en exclusión social severa -informe de la Fundación Foessa (Cáritas)- a 4,1 millones de personas en millón y medio de hogares. Se sacude a diario con la violencia machista que suma casi mil víctimas mortales. Es incapaz de asegurar la sostenibilidad ya a corto plazo del sistema de pensiones. Y sigue sin cerrar la crisis política de Catalunya, la más profunda en cuatro décadas, y sin atisbar siquiera un planteamiento de solución al problema del encaje de las naciones que engloba. Efectivamente, una reforma se antoja más que urgente. Y no solo para retirar los aforamientos de la Constitución.

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