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El presidente del TSJPV admite que la muerte de Maguette es “un fracaso de la Justicia”

Juan Luis Ibarra expresa su “dolor” por este crimen y reconoce su “frustración” por no haber podido evitar el asesinato

J. García - Viernes, 28 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:00h

Dos mujeres senegalesas se consuelan en la concentración de protesta del miércoles.

Dos mujeres senegalesas se consuelan en la concentración de protesta del miércoles. (Oskar M. Bernal)

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Dos mujeres senegalesas se consuelan en la concentración de protesta del miércoles.

Bilbao- “La muerte de Maguette Mbeugou es un fracaso de la Justicia, con mayúsculas”. Así de rotundo, sin poner paños calientes, un apesumbrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, expresó ayer su “dolor” por el asesinato el pasado martes en Ollerías, en Bilbao, de la joven senegalesa presuntamente a manos de su marido, quien en la noche ayer ingresó en la prisión de Basauri.

Ibarra, que participó ayer en una concentración de repulsa por ese crimen, explicó que la juez denegó las medidas cautelares solicitadas por la joven senegalesa porque “no contó con un informe pericial del riesgo;ni tampoco pudo contar con un informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de valoración integral”. Esa unidad, ubicada en el Palacio de Justicia de Bilbao, “concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo” y, en este caso, el juicio se celebró apenas 15 días después de presentada la denuncia. “Sabemos que las medidas que los jueces adoptamos han salvado muchas vidas de mujeres y también sabemos que podrían salvar más si contáramos con los medios que no se pudo contar en el caso de Maguette”, sentenció.

La joven presentó el 6 de diciembre de 2017 una denuncia ante la Policía Municipal de Bilbao solicitando una orden de protección en el juzgado, que fue denegada al día siguiente de acuerdo con la petición hecha por el fiscal y por el abogado del denunciado, sin que el auto fuera recurrido. Al presentar la denuncia, la mujer aceptó acudir con sus dos hijas a un piso refugio del Ayuntamiento de Bilbao, por lo que la jueza entendió que, al salir de la vivienda en la que estaba el denunciado, el riesgo para la joven se había reducido. La jueza fijó en el auto la apertura del juicio para el 21 de diciembre de 2017, advirtiendo de que, en caso de sentencia condenatoria, llevaría implícita la pena accesoria de alejamiento. Sin embargo, la sentencia del pasado 12 de enero fue absolutoria “por falta de prueba suficiente” que acreditara las amenazas continuadas en el ámbito familiar.

sentimiento de frustraciónAnte esta sucesión de hechos, Ibarra transmitió ayer a la familia de la joven “víctima letal de la violencia de género” su “sentimiento de frustración como representante del poder judicial en el País Vasco”. “Frustración por no haber podido evitar esa muerte y cumplir con la función de tutela” que encomienda la Constitución a los jueces en la lucha contra la violencia machista”, continuó.

El presidente del TSJPV reconoció que pese a que Maguette Mbeugou había solicitado la tutela de la Justicia no la obtuvo” pero, aclaró, que “no podemos ver en ello un fracaso de los jueces, sino muy singularmente de la Justicia con mayúsculas. Nos toca reflexionar;nos toca comprometernos en la mejora de la tutela que ofrecemos a las mujeres denunciantes víctimas de violencia machista”, sentenció el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. “No nos podemos conformar con que cumplimos con los procedimientos, si además de ello sabemos que podemos responder con mayor calidad si todas las administraciones concernidas proponemos mejorar en la prestación de los servicios que nos corresponde”, añadió en su comparecencia.

En este sentido, advirtió que “el juez que debe tomar decisiones en un procedimiento urgente debe contar con información y valoración, pero en el caso de Maguette no se contó y no es excepcional. Con excesiva frecuencia el juez que debe resolver sobre denuncias que presentan las mujeres víctimas de violencia machista no cuenta con esos informes y con esos datos, alertó, por lo que instó a mejorar la coordinación en las administraciones públicas para que la información recabada por la Policía y la valoración del riesgo “llegue a la mesa del juez antes de que le toque tomar la decisión”.

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