la carta del día

Precisión sobre la Transitoria Cuarta

Por Carlos Garaikoetxea - Miércoles, 3 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Por mi parte, una última consideración sobre el proceso de gestación de la ya famosa Transitoria Cuarta, objeto de rotundas descalificaciones y exigencia de su abolición por parte de PP y UPN, paradójicamente contra el criterio de sus primeros líderes, según aclara Jaime Ignacio del Burgo refiriéndose a sí mismo y a Jesús Aizpún.

Remontarse al análisis del clima político y social de los años setenta nos ocuparía muchas páginas. Podríamos recordar que, aun admitiendo la posición aventajada de UCD en su representación parlamentaria tras las elecciones de junio de 1977, existía un gran sector social y político en Navarra, no reflejado en tales elecciones por la incomparecencia de la izquierda abertzale y la ventaja concedida por la Ley D’Hont a UCD, frente a los partidos fragmentariamente integrados por el PSE-PSOE y el resto de fuerzas nacionalistas y de izquierdas. Así pareció revelarlo la primera composición del Parlamento Foral.

Todo ello, ciertamente, aconsejaba un procedimiento democrático para conciliar posturas (ya históricas, desde que la Diputación Navarra hiciera un llamamiento a las diputaciones Vascongadas en 1868 invitándoles, literalmente, “a unirse en la asociación más íntima posible… por tradición, lengua, cultura etc…”, pasando por las peripecias del Estatuto de Estella y el posterior enmendado en el Teatro Gayarre…). Y en ese procedimiento democrático basado en el respeto a la voluntad de los navarros, por todos admitido, más que los detalles de su negociación sobre los que seguiríamos discrepando en algunos recuerdos de hace 40 años (mayorías de hasta ¾ de los navarros y la imposibilidad de repetir nunca la consulta que se nos requería inicialmente o el nombre de algunos asistentes al concluir la negociación), importa en mi opinión aclarar la función esencial de la famosa Transitoria Cuarta, entonces y sobre todo ahora: impedir que esa voluntad fuera prohibida por disposiciones legales o de otra índole, como podría ser una Disposición Constitucional que impidiera una opción legítima, como la decisión de establecer una determinada relación institucional entre Navarra y el resto del País Vasco.

Es cierto que la ponencia constitucional que prohibía la Federación de Comunidades Autónomas se presentó algo más de dos meses después de nuestras negociaciones en la presidencia del Gobierno de Castellana. Y en este caso, mi simplificación al hablar ahora de evitar los efectos del artículo 145 de la Constitución, ha sido una forma de referirme al día de hoy a un proceso de la elaboración de la Constitución que se avecinaba, y del que teníamos suficientes informaciones e indicios pues en el círculo de nuestros interlocutores ya se aludía a la necesidad de rescatar de la Constitución de la República el artículo 13 que señalaba taxativamente: “En ningún caso se admite la Federación de Regiones Autónomas”, como, en efecto, poco después se copió literalmente en la Constitución vigente.

Por mi parte termino, esperando que este asunto se pueda tratar en el futuro pacíficamente y respetando lo acordado en su día.

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