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Piden dos años de cárcel y 12.000 € de multa por un documental sobre los Caídos

A Clemente Bernad y Carolina Martínez les acusa la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que cada mes celebra una misa por los golpistas del 36

Lola Cabasés Hita / Iban Aguinaga - Miércoles, 10 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:01h

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Clemente Bernad y Carolina Martínez. En el vídeo, "A SVS MVERTOS"

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pamplona- Clemente Bernad y Carolina Martínez, fotoperiodista y gestora cultural, se enfrentan a la petición de la Fiscalía de dos años de prisión y sendas multas de 12.000 € en el juicio señalado para los días 14 y 15 de noviembre en Pamplona por, supuestamente, haber grabado imágenes de la cripta del Monumento a los Caídos, donde los 19 de cada mes se ofician misas en honor a los golpistas del 36. En concreto, se les acusa de un supuesto delito de “revelación de secretos” y “atentar contra la intimidad de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz” por, según las diligencias policiales y la denuncia de la hermandad, intentar grabar imágenes de este colectivo de esencia franquista.

La pareja, miembros del grupo memorialista ZER y de la editorial Alkibla, realizó un documental que se emitió en enero de 2017 en las jornadas ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos? celebradas en la sede municipal del Condestable. El documental, de 40 minutos y titulado A svs muertos, se realizó como complemento de las jornadas y en él no aparece dicha hermandad. “El planteamiento era -explica Bernad- recoger testimonios y reflejar las opiniones y presencia del Monumento a los Caídos en Pamplona”. El trabajo se exhibió en dichas jornadas y “no ha tenido más recorrido”, apunta Bernad.

Según las diligencias policiales, miembros de dicha hermandad, Pedro Juan Urroz y José Fermín Garralda Arizcun, denunciaron en marzo de 2016 haber encontrado en al zona del altar de la cripta, detrás de una rejilla de ventilación, un dispositivo electrónico desconociendo si se trataba de un artefacto explosivo o de un dispositivo de vigilancia o de grabación. La policía precisa que era una cámara de grabación.

Un año más tarde, en julio de 2017, las diligencias policiales amplían el atestado anterior que había sido remitido al Juzgado de Instrucción número 3, y recoge que la Comunidad Foral está inmersa “en un agrio debate” sobre el futuro del Monumento a los Caídos, y vincula los hechos. Se les acusa de acceder al edificio con un permiso del Ayuntamiento de Pamplona, propietario del monumento. La Hermandad de Caballeros Voluntarios les denunció por las imágenes supuestamente grabadas y, como acusación particular, les pide 2 años y 6 meses.

apoyo a los encausados Impulsado por colectivos memorialistas está circulando un manifiesto de apoyo a los denunciados en el que expresa su “absoluta solidaridad con los artistas” en lo que supone “una manifiesta tergiversación de la legislación penal y un nuevo y flagrante atentado contra la libertad de investigación y expresión que son la base del código deontológico del ejercicio del periodismo documental, y una gravísima restricción de las libertades públicas y democráticas de nuestro país”.

“Conocedores de su impecables trayectorias profesionales”, entiende que “no puede considerarse un delito investigar con fines de documentación artística el uso que de un espacio público, el ominoso Monumento a los Caídos de Pamplona, hace una organización de tan dudosa cualidad democrática como es La Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, en cuyos estatutos, a los que no han renunciado, declara entre sus cometidos el de mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España”.

Defienden los firmantes que “bajo ningún supuesto” se puede considerar delito que dos creadores realicen su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión. Muy por el contrario, es el delito de apología del fascismo y exaltación de la violencia golpista como instrumento de acción política por el que la Fiscalía debería interesarse”, señala.

Entienden que “la obligación moral y profesional” de los autores, como la de todo intelectual comprometido con la conciencia contemporánea, es investigar y testimoniar sobre las grietas autoritarias que socavan la sociedad democrática y hacerlo sin ninguna cortapisa en el marco de la legalidad y amparados por la libertad de expresión”. Añaden que así como “nos resultaría inconcebible que en algún país de Europa se tolerasen exaltaciones fascistas o neonazis en espacios públicos”, “nos resulta legal, política y mo-ralmente inaceptable” que la critica ante esos hechos se considere “a estas alturas de la historia, un delito”.

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