Pamplona - Navarra destinó en 2014 un total de 66,4 millones para sufragar las obras financiadas por el polémico sistema del peaje en sombra. Una fórmula para sufragar grandes inversiones públicas que permitió al Gobierno acelerar la realización de varias obras a cargo de las constructoras, pero por las que ahora debe afrontar un canon anual en función de su uso. Se trata de una cifra muy similar a la de 2013, cuando se invirtieron 66,9 millones.

De esta forma, por los coches que durante el pasado año circularon por la autovía A-12 que une Pamplona con Logroño hubo que abonar 36,2 millones. El equivalente a 10,29 euros por cada viaje de ida y vuelta en Pamplona y Estella. Otros 15,5 millones por la autovía A-21 a Jaca y 14,9 más por el Canal de Navarra. El peaje en sombra se ha convertido así en un gasto estructural del presupuesto público, hoy reducido al mínimo posible como consecuencia de la caída general de los ingresos. Y lo seguirá siendo durante muchos años todavía gracias a los acuerdos de concesión a 30 años. Solo en el canon de la Autovía del Camino Navarra ha pagado ya 300 millones, casi los 335 que costó su construcción, pero deberá seguir abonando el peaje a la concesionaria hasta 2037, lo que supondrá un desembolso final cercano a los 1.200 millones.

Otro gasto estructural de reciente incorporación a la Administración foral son los intereses de la deuda, que el pasado año supusieron 103,1 millones. Una cantidad que se redujo en un 3,31% respecto al ejercicio anterior gracias a la mejora de las condiciones en los mercados financieros, que permitieron refinanciar deuda por un importe de 280 millones, lo que supuso un ahorro de 3,5 millones. La deuda sin embargo se mantiene en máximos históricos, cerca de los 4.000 millones, y Navarra deberá seguir afrontando su costoso precio todavía durante muchos años.

Presupuesto congelado En total, en 2014 el Gobierno foral gastó 3.808 millones, un 3,3% más que en el ejercicio anterior. La cifra en cualquier caso viene maquillada por los gastos financieros, fundamentalmente la refinanciación de la deuda pública que obligó a amortizar 100 millones más que el año anterior. Si se excluyen estos gastos financieros, la inversión pública de la que realmente dispusieron los distintos departamentos se redujo un 0,9%. El gasto se mantuvo prácticamente congelado en todas las áreas, salvo en Economía y Hacienda, que por los motivos expuestos creció un 12,4%, y en Fomento, que con la paralización de la obra pública vio recortados sus recursos en un 11,4%.

Una vez más, el gasto en personal volvió a ser la principal partida, con un montante de 1.111 millones, un 1,4% más que en 2013 como consecuencia de la actualización de las antigüedades y los grados. Otros 555 millones supuso la aportación anual al Estado por las competencias no transferidas; 402 costó tener en funcionamiento el Complejo Hospitalario de Navarra; 171 se destinaron a financiar los ayuntamientos, 123 millones fueron para ayudas a la educación concertada y 51 para la UPNA. Datos similares a los ejercicios anteriores en un proyecto de cuentas públicas prorrogado desde 2012, y que aguarda con los gastos mínimos un repunte en la recaudación y una mayoría parlamentaria que, más allá de su color político, saque a la comunidad de la parálisis institucional y presupuestaria en la que se encuentra desde la ruptura de la coalición de Gobierno hace tres años.

Apuntes

Más de lo previsto para el Estado. Navarra pagó al Estado 555 millones por las competencias no transferidas, 57 más de lo previsto al inicio de año pero 16 menos que en 2013.

Palo al euskera. El palo porcentualmente más gordo en un año de general congelación del gasto fue para el euskera. De los 115.000 euros presupuestados para el fomento de la lengua, solo se ejecutaron 38.375 euros, el 33,37%.

El TAV, en mínimos. Pese a ser una infraestructura prioritaria para el Gobierno foral, la construcción del TAV apenas avanzó el pasado año. De los 92,3 millones previstos solo se gastaron 18,3, el 19,86% de lo presupuestado, y un 30,8% menos de lo invertido en 2013.

3 millones por incumplimiento. En 2014 hubo 3,3 millones para pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas.