pamplona - “He venido porque es un día histórico. Llevo 40 años esperando esto. Es uno de los días más felices de mi vida. Esto es bueno para el buen nombre de España en el mundo. Que Franco salga del Valle significa que el genocida ya no está junto a miles de sus víctimas. España enfila el camino de la normalidad democrática”, se felicitaba en la tribuna de invitados del Congreso el hispanista Ian Gibson, que aseguraba no haber dormido la noche anterior por los nervios. A Gibson le gustaría que se quitara la cruz, y que se construyera “un museo de la memoria”, pero no allí: “Es demasiado tétrico”. A su lado, en la tribuna, Eduardo Ranz, abogado que contrató el Gobierno como asesor en la exhumación de Franco, rompía a llorar cuando se aprobó el decreto. “Entra el Estado de derecho en el Valle de los Caídos”, ha celebrado. Ranz guardaba hace años una botella de cava para brindar por este momento.

Ahora, los familiares de Franco podrán comunicar dónde desean inhumar de nuevo los restos de Franco y deberán aportar los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de que no contesten o haya discrepancias entre ellos, será el Ejecutivo el que decida el nuevo destino de los restos del dictador en un lugar “adecuado” y digno según asegura el Gobierno, sin querer desvelar las opciones que hay. Este verano, el Ejecutivo, a través de la abadía benedictina que custodia la basílica, tuvo conocimiento de un escrito de la familia Franco avisando de que no se harán cargo de los restos, pero el Gobierno sólo se dará por enterado de los deseos de la familia durante el trámite formal, explican fuentes del Ejecutivo. En el caso de que tuviera que ser el Gobierno el que decidiera dónde inhumar los restos de Franco, el Consejo de Ministros debería aprobar una nueva decisión en este sentido.

El Gobierno no contempla la hipótesis de que, llegado el momento de iniciar los trabajos de exhumación, la abadía benedictina que custodia la basílica se opusiera. Pero incluso en ese escenario los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede facultarían al Gobierno para proceder con la exhumación, según el estudio jurídico que ha hecho el Ejecutivo de la cuestión. Desde la Moncloa garantizan que los trabajos de exhumación, se realizarán con discreción para evitar curiosos y ultras. - D.N.