pamplona - El mensaje dirigido por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, justificando el pacto político alcanzado con el Gobierno del PSOE sobre el reparto del Consejo General del Poder Judicial fue un argumento utilizado ayer por los presos soberanistas para intentar apartar del juicio al procés al presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Varios de los dirigentes del procés (Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart), todos ellos en prisión preventiva, pidieron recusar a Marchena, que al renunciar a ser candidato al CGPJ seguirá en la causa del procés, tras el “escándalo mayúsculo” que a su juicio supone el acuerdo político para repartirse el CGPJ y los mensajes de Cosidó.
La recusación se presentó poco después de saberse que Marchena va a seguir al frente de ese juicio tras haber rechazado su candidatura a presidente el Poder Judicial y el Tribunal Supremo. De haber sido elegido para estar al frente de estos órganos, estaba previsto que fuera sustituido en el tribunal del procés por un juez más moderado. Lo que el defensor de Junqueras y Romeva, Andreu van den Eynde, califica como “el whatsapp de la vergüenza” es el fundamento nuclear de la pretensión de apartar a Marchena del tribunal del procés atribuyéndole un “interés directo o indirecto en la causa”.
La recusación propone que se cite a declarar como testigo al propio senador del PP para que dé cuenta de “qué intervención o conocimiento ha tenido el magistrado recusado en las decisiones de configuración del nuevo CGPJ y los pactos políticos llevados a cabo al respecto, así como para que relate qué comunicaciones o reuniones ha tenido con dicho magistrado durante el último mes”. En estos pactos, añade, “habría tenido singular protagonismo la candidatura del magistrado recusado a presidir el CGPJ a quien se habría otorgado por el mencionado senador la responsabilidad de ganar las votaciones mediante la anulación de la minoría progresista de tal órgano”.
El abogado de Sánchez, Rull y Turull sostiene que “un magistrado cuyos vínculos con dicho partido (PP) han quedado al descubierto no garantiza a mis mandantes aquella imparcialidad -objetiva y subjetiva- que les ofrece los artículos 24 y 6 CEDH, unos preceptos que se verían vulnerados en caso de mantenerse la actual composición del Tribunal”. - D.N.
