El Supremo lanza un aviso a las puertas del juicio del ‘procés’ al ver ilegal la consulta del 9-N

pamplona - En puertas del juicio por el proceso soberanista, que podría arrancar el 5 de febrero, la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve los recursos de casación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre la causa del 9-N lanza un aviso al reseñar que, frente a los argumentos de los exdirigentes del Govern, que alegaron vulneración de los derechos de libertad ideológica, de expresión o de participación en asuntos públicos, “no existe un derecho a participar en un proceso de votación cuya ilegalidad viene proclamada por quien es intérprete y garante de los derechos fundamentales”. Pese a que la pena sobre el expresident quedó rebajada de dos años a un año y un mes, los magistrados desestiman la mayoría de sus argumentos ya que califican de “miope o hemipléjico” argumentar vulneración de derechos fundamentales porque “ignora el ostracismo al que se condena a los ciudadanos que eludieron emitir su opinión confiados en la ilegalidad de la consulta”. El Supremo recuerda que el proceso participativo del 9-N fue declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional y que, por lo tanto, no existe un derecho a voto en una consulta “convocada al margen de la legalidad”. A juicio de los magistrados, el “ejercicio de derechos fundamentales tiene límites, y cauces”, de manera que “si la autoridad correspondiente suspende una votación de ese tipo”, incumplir tal orden “será desobediencia”, aunque “suponga la anulación de una posibilidad que se abría a los ciudadanos de intervenir en asuntos de interés público”. La sentencia tampoco acepta la diferenciación que hacen los recurrentes de la votación que se aprobó inicialmente y la que después se desarrolló el 9-N -ante la resolución del TC, el Govern de Mas cambió la consulta inicial por un “proceso participativo” en la que, entre otras cosas, no había registro ni administración electoral-. Esas distinciones “no repercuten en la cuestión de fondo”, mantiene el Supremo, para quien el Constitucional admitió que existían pero que les negó relevancia a la hora de decidir sobre su constitucionalidad.