La mafia del Estado

Hay un nombre que se repite en las más turbias aguas del Estado, el comisario Villarejo, al que se le sitúa como parte central de la mafia policial que viene arrastrando el germen que se sembró en la época de los GAL con el caso Veritas, que pretendía derrocar al juez Baltasar Garzón. El hombre que manejaba las cloacas del Estado, de Mario Conde a los Pujol, todo pasaba por el policía más temido del cuerpo, que se califica a sí mismo como “agente encubierto”, ha sido noticia en los últimos meses no solo por sus trabajos sucios para políticos y empresarios sino también por el patrimonio multimillonario (al menos 20 millones) que acumula. Quienes intentaban investigarle acababan trasladados o suspendidos, al menos hasta ahora. Villarejo, al frente años de un clan policial mafioso, lleva 14 meses en prisión preventiva, acusado de blanquear todas las dádivas recibidas por sus turbios trabajos y en este punto de la investigación, se le imputan tres remuneraciones de cinco, once y diez millones de euros.

el inicio de un trayectoria

Destinado a la CAV

Su trayectoria profesional tiene la primera pica en el mapa en la CAV, en San Sebastián, concretamente. Villarejo (El Carpio, Córdoba, 3 de agosto de 1951) ingresó en el cuerpo en 1972 y fue destinado a la capital guipuzcoana donde formó parte de la lucha contra ETA, pero solo permaneció tres años en Euskadi. De ahí pasó a Madrid, al equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía, hasta que en 1983 se retiró en excedencia. Diez años después recuperó la placa como agente encubierto del Ministerio del Interior. Y ahí empezaría la leyenda de un policía que bajo gobiernos de distintos colores ha sabido nadar en las cloacas del Estado.

el primer caso público

Las grabaciones a González

Villarejo era un auténtico desconocido para la opinión pública hasta que estalló el caso del ático de Ignacio González. El diario El Mundo publicó en marzo de 2015 que el policía grabó cuatro años antes al expresidente de la Comunidad de Madrid en una cafetería mientras este le pedía ayuda para archivar la investigación que el propio excomisario había coordinado. Villarejo fue de los primeros encargados de cotejar la regularidad en la compra del inmueble. El excomisario tiró de su técnica habitual, grabar a González durante las reuniones. Por la difusión de esos audios, el excomisario fue citado a declarar. En ellas, el delfín de Esperanza Aguirre le pedía que no saliera a la luz que tenía una sociedad pantalla en EEUU propietaria del inmueble.

En paralelo a este episodio, por la misma época, saltó a los medios que Asuntos Internos había identificado al policía durante la investigación sobre el Pequeño Nicolás. El policía fue imputado en el caso por la grabación ilegal a los policías que investigaban al joven en una reunión que mantuvo con agentes del CNI. Ese sumario sacó a relucir la denominada guerra de comisarios y el enfrentamiento abierto entre Villarejo y el comisario Marcelino Martín Blas.

un rompecabezas

El apuñalamiento de Pinto

Ambas informaciones desvelaban la existencia de un personaje que hasta el momento había pasado desapercibido para todos, pero que desde ese momento, fue ganando relevancia y que comenzó a aparecer vinculado a asuntos tan mediáticos como las diligencias abiertas contra la familia Pujol, el caso Banesto -que acabó con la carrera del banquero Mario Conde-, la operación Emperador -que desmanteló una supuesta mafia china en torno al empresario Gao Ping- o el proceso judicial tras la denuncia por acoso de la dermatóloga Elisa Pinto contra el directivo del Grupo Villar Mir y OHL Javier López Madrid.

Pinto identificó al comisario como la persona que la apuñaló en su coche en 2014. En ese momento, la dermatóloga había denunciado por acoso sexual y amenazas a López Madrid. En el sumario constan decenas de llamadas cruzadas entre el yerno del constructor y el propio Villarejo. López Madrid también era amigo de Felipe VI y la reina Letizia. Pinto sospecha que López Madrid contrató los servicios de Villarejo, al que este caso, por el que está imputado, es uno de los que más inquieta, como él mismo admitió en el programa Salvados.

la brigada política

Guerra sucia contra el ‘procés’

En junio de 2016 se publicaron unas grabaciones del exministro Jorge Fernández Díaz hechas en su despacho mientras hablaba con Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña. En octubre de 2014 De Alonso se reunió con el titular de Interior en su despacho portando un maletín cargado de documentos sobre investigaciones que afectaban a políticos nacionalistas, justo en el marco del referéndum soberanista. Ambos buscaban pruebas, reales o no, para incriminar a dirigentes de ERC y CDC en casos de corrupción.

La grabación destapó una vasta operación policial basada en desacreditar por corruptos a los principales líderes independentistas que puso en duda la actuación del Ministerio del Interior y de la policía en todos sus escalones. Villarejo protagonizó algunos episodios de aquella batalla, en la que se difundieron informaciones exageradas o directamente falsas amplificadas por determinados medios de comunicación. Según la versión de Villarejo, esta operación habría sido orquestada desde el Ministerio para frenar las demandas separatistas. De hecho, habría sido el propio agente encubierto quien se hizo pasar por periodista y convenció a la exnovia de un hijo de Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para que denunciara al clan y su fortuna oculta en Andorra.

María Victoria Álvarez confesó y su declaración ante la UDEF en diciembre del 2012 acabó siendo el inicio de la macrocausa abierta contra la familia y el principio del fin del molt honorable president. Otro de sus hijos, Josep, declaró en la Audiencia Nacional que Villarejo le había confesado que era un plan ideado por Fernández Díaz. Con posterioridad un alto mando de Interior confirmó que la novia había cobrado del Ministerio.

Coincidiendo con hitos del procés, iban apareciendo siempre en los mismos medios informes de inteligencia que el CNI rechazaba haber realizado. Informaciones de la misma hornada fueron especialmente graves y por lo conocido, falsas. Villarejo y otros policías difundieron informes sin sello, pero que en ocasiones se atribuían a la UDEF, en los que acusaban a Artur Mas, expresidente catalán, de cobrar mordidas multimillonarias en cuentas suizas; o sugerían que los directores de los periódicos catalanes afines a la independencia blanqueaban capitales en Suiza; o que el juez instructor del caso Palau estaba comprado por el Gobierno catalán de CiU.

La polémica por el supuesto borrador de la UDEF que vinculó, en plena campaña electoral a Artur Mas y su familia con el pago de comisiones por parte de empresarios a CDC no evitó que algunos medios de comunicación continuaran recibieran informes de situación que iban más lejos aún que el citado documento apócrifo. En estos se relataban desde reuniones con Hervé Falciani en la cárcel a alusiones a la bruja que supuestamente Jordi Pujol consultaba mientras era president de la Generalitat.

A poco más de una semana de la celebración de la consulta soberanista, El Mundo publicó en portada que Xavier Trias escondía en Andorra 13 millones de euros que antes había mantuvo durante años en una cuenta en Suiza. En el informe, cuya existencia incluso anunció en el Congreso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la Policía aportaba una serie de elementos indiciarios para seguir investigando y solicitaba varias comisiones rogatorias para avanzar en las pesquisas. La Fiscalía Anticorrupción archivó a finales de noviembre esta investigación contra el alcalde de Barcelona al entender que no había suficientes elementos para seguir adelante con la investigación.

El 30 de noviembre de 2014, eldiario.es desveló la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado en aquel entonces, casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción y cuya entrada en funcionamiento había coincidido con la llegada del PP al Gobierno en 2012,

El grupo usurpaba las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, sobre todo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La unidad no consta en organigrama alguno de la Policía.

El grupo se nutría de agentes de Asuntos Internos, desplazados a Catalunya para rastrear información sobre el terreno. Con la información obtenida, otros funcionarios, adscritos a la Unidad de Planificación Estrategia y Coordinación (UPEC), elaboraban eso documentos de inteligencia que sembraron los hitos del procés. El resultado acababa en determinados medios de comunicación, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. En algunas ocasiones, ese resultado era blanqueado a través de la UDEF, la unidad competente para presentarla ante la Fiscalía o un juez. La unidad secreta de la Policía ha estado alojada en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Interior había negado su existencia y envió al “psiquiatra” a los diputados de CiU que en aquel entonces le preguntaron por ella.

Aunque para entonces Villarejo ya era un agente fuera de control -sus intereses privados estaban por encima de las estrategias públicas marcadas por sus jefes políticos-, la cúpula de Interior le protegió e incluso recompensó. Eldiario.es publicó en 2015 que el comisario había sido condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial un año antes por sus investigaciones sobre políticos catalanes. Por encima de Villarejo y sus compañeros de brigada, estaba entonces Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para dirigir la Policía. El hombre del ministro en la Policía dirigía de facto el Cuerpo, con independencia de que por encima de él estuviera el director, Ignacio Cosidó, actual portavoz del PP en el Senado. El País ya había escrito en noviembre de 2012 que las maniobras contra el procés nacieron de una “conjura policial”.

detención y venganza

Las grabaciones

Pero no fue esta sino la operación Tándem la que acabó con Villarejo entre rejas tras ser detenido por los supuestos delitos de blanqueo y organización criminal. El País desveló hace cuatro años su entramado empresarial y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía lo denunció ante el juez y aunque los principales jefes del Ministerio le protegieron con un informe exculpatorio de sus actividades privadas, el comisario, enfrentado a alguno de sus antiguos y poderosos aliados, acabó en manos de la Justicia. La causa investiga el entramado empresarial de Villarejo y su mujer, Gemma Isabel Alcalá con el que pretendían introducir en España fondos procedentes de actividades delictivas. Villarejo entró en la cárcel en noviembre. Y a partir de ese momento decidió destapar de nuevo la caja de los truenos porque los barrotes le incomodan. Además, en una de las grabaciones del sumario de esta operación, Villarejo avisa: “A lo mejor soy un poquito hijo de perra con los enemigos”.

la corona

Los chanchullos del rey

El comisario había ejercido durante los últimos 20 años como agente encubierto de la policía contra el terrorismo, la corrupción o la independencia de Cataluña. A la vez, trabajó de investigador privado en todo tipo de asuntos oscuros; de confidente de periodistas para filtrar informaciones interesadas; o de solucionador de crisis para empresarios a cambio de importantes cantidades de dinero. Durante todo este tiempo grabó a compañeros, amigos, enemigos, empresarios, clientes, políticos, periodistas, jueces y fiscales. Se trataba de un material de “alto riesgo” que Villarejo almacenó y que estaba dispuesto a utilizar a su conveniencia.

Juan Carlos I había abdicado en 2014 arañado por algunos escándalos que afectaban directamente a su honorabilidad. Un año después, Villarejo se reunió con la amiga íntima del monarca, Corinna Zu Sayn Wittgenstein, a la que grabó algunas confesiones sobre los negocios irregulares del rey, que incluían cuentas ocultas en Suiza y el cobro de jugosas comisiones por contratos. Tres años después, Villarejo puso en el mercado esa grabación cuando ya estaba en la cárcel.

El comisario se reunió con la amiga del rey y le ofreció protección frente a las amenazas del CNI para que no desvelara su relación. El policía jubilado declaró este verano en la Audiencia Nacional que actuó en nombre del Estado. Esto contrasta con la versión del CNI, cuyo director, Félix Sanz Roldán, enemigo acérrimo del comisario, informó en sede parlamentaria. Villarejo se hizo pasar por agente del CNI durante la reunión con Corinna en Londres donde grabó la conversación.

el gobierno se tambalea

La comida de Delgado

Especialista en espionaje y chantaje, el nombre del excomisario volvió a poner patas arriba la actualidad política haciendo tambalearse al recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez tras salir a la luz en septiembre del pasado año las grabaciones de una cena que compartió con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en 2009. En aquel encuentro, con Baltasar Garzón presente, la entonces fiscal realizó una serie de comentarios que casi acaban con su carrera. Calificó de “maricón” a su ahora compañero de gabinete, Fernando Grande-Marlaska, narró cómo vio a jueces y fiscales españoles con mujeres menores de edad durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) y celebró con la expresión “éxito garantizado” que Villarejo hubiera abierto un burdel.

Los bárcenas

Ocultar los trapos sucios del PP

El caso Villarejo tiene desde hace menos de un mes una nueva pieza separada que investiga la operación Kitchen, la maniobra policial para obtener información de la familia y en el domicilio de Bárcenas mientras el extesorero del PP pasaba su primera etapa en prisión. Sergio Ríos, conductor y hombre para todo de la mujer de Bárcenas fue captado y controlado por el comisario Villarejo, en aquella época miembro de la brigada política. En casa del extesorero, o en conocimiento de su esposa, podía hallarse información valiosa contra sus antiguos compañeros de partido. Con la Kitchen emerge otra función de Villarejo, además de ejercer como agente encubierto contra el terrorismo, la corrupción o la independencia de Catalunya, el trabajo sucio para tapar conductas irregulares y posibles delitos en el seno del PP. El topo Ríos introduce por primera vez en la investigación de la Audiencia Nacional la figura de los fondos reservados, una partida que libra la Secretaría de Estado de Seguridad para la lucha policial contra el crimen organizado y el terrorismo, y el ángulo muerto en las revelaciones sobre el funcionamiento de esta brigada, que cobró 600.000 euros en sobresueldos solo por la Kitchen.

El trabajo para el bbva

Espionaje al Gobierno

La última bomba que ha detonado el excomisario evidencia que su principal objetivo fue en estas dos décadas controlar los poderes que mueven el mundo: el político, el judicial, el mediático, el empresarial y, cómo no, el financiero. Su última víctima ha sido el BBVA, y en concreto, su presidente de honor, Francisco González, que ha visto su reputación desplomarse al salir a la luz la trama de escuchas que el banco encargó a Cenyt (Villarejo) para impedir que Sacyr se hiciese con el control de la entidad. Según Moncloa.com, web que difunde los audios del antiguo policia desde que está en prisión, se pincharon cerca de 4.000 teléfonos y se intervinieron más de 15.000 llamadas de miembros de Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas. Entre los espiados, el exministro Miguel Sebastián, a quien Francisco González consideraba su principal adversario en el Gobierno de Zapatero. Y este promete no ser el último capítulo.

el agujero de los Fondos reservados

Sobresueldos. El sistema de pago de sobresueldos a policías y mandos del que se han venido beneficiando Villarejo y su clan fue institucionalizado hace décadas y continuó hasta fechas recientes, a pesar de los escándalos que salpicaron los gobiernos de Felipe González por el desvío de remesas de los fondos reservados. Estos abonos se nutren ahora de partidas de las que dispone la Secretaría de Estado de Interior. Entre 2012 y 2016, con Eugenio Pino, avalista de Villarejo, al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, la asignación de fondos reservados a su área se multiplicó, a pesar de no tener competencias contra el terrorismo o el crimen organizado.