pamplona - Quim Torra podrá conservar la nueva pancarta que colgó en el Palau de la Generalitat tras retirar la que hacía alusión a la libertad de los presos y exiliados y el lazo blanco que sustituyó al amarillo. La Junta Electoral Central (JEC) decidió ayer permitir que el cartel con el lema Llibertat d’opinió i d’expresió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans permanezca visible en periodo electoral, en tanto que este lema “no es partidista” ni supone atentar contra el principio de neutralidad.
Este acuerdo se adoptó a raíz de una consulta remitida por el comisario jefe de los Mossos el viernes pasado y ya entonces el presidente de la autoridad electoral respondió al comisario que no se estaba quebrando ninguna normativa.
Por contra, el Govern tuvo que retirar el lazo amarillo del patio interior de su sede y el de su delegación en el Reino Unido colocado en la fachada de su edificio en Londres después de la denuncia cursada por Ciudadanos y de la orden dada por la JEC. La portavoz de la oficina catalana en la capital inglesa anunció que, en su sustitución, se pondrá “en los próximos días” un cartel de promoción de la fiesta de Sant Jordi, que se celebra también en el Reino Unido con actos de venta de libros y rosas.
Todo en una jornada en la que la Fiscalía hizo efectiva la querella contra Torra por desobediencia, y el jefe del Govern plasmó la que anunció contra la JEC por un supuesto delito de prevaricación, censurando que “queda claro que la represión no se detiene”, que persiste la persecución política” y que España “es incapaz de tolerar la discrepancia política”.
El president advirtió además de que “llevaremos el caso hasta donde sea necesario si el Reino de España no quiere investigar los hechos” y que se mantendrá “siempre firme en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales”. Torra reivindicó que “la libertad de expresión es un baluarte de la democracia” y aseveró que, “como en el caso del juicio al procés, no nos defendemos de nada sino que acusamos el Estado de su involución democrática”.
Entre los argumentos de la querella a la JEC se establece que sus resoluciones en este caso “distan mucho de ser ajustadas a derecho, siendo su contenido totalmente aleatorio y arbitrario”. Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, subrayó que el objetivo de la Fiscalía con su querella “es intentar inhabilitar a Torra y todas las fuerzas del Estado trabajarán en esta línea. Esto no es una batalla jurídica, esto es una batalla política, y si no hubiera sido por este motivo le hubieran buscado la desobediencia por cualquier otro”, criticó. Curiosamente, en la Junta Electoral figuran dos magistrados, Luciano Varela y Ana María Ferrer, que están enjuiciando la causa penal contra el soberanismo en el Supremo. - D.N.
