pamplona - La exdiputada de la CUP Mireia Boya exculpó ayer a Jordi Sánchez de la concentración el 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat de Catalunya y se atribuyó la responsabilidad de mantener la protesta por los registros de la Guardia Civil para tratar de desbaratar el referéndum independentista del 1 de octubre. La exparlamentaria explicó al tribunal que juzga el procés en el Supremo que llegó incluso a discutir con el que entonces era presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el líder de Òm-nium Cultural, Jordi Cuixart porque propusieron desconvocar la protesta ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos.

Según Boya,que compareció en el juicio en calidad de testigo a petición de las defensas de Sánchez y Cuixart, eran su compañera Eulalia Reguán y ella las que trataron de que no se suspendiera. “Jordi Sànchez y Jordi Cuixart estaban convencidos de que había que desconvocar la manifestación. Nosotras dijimos que no éramos nadie para desconvocar, que no teníamos esa potestad. Recuerdo que discutí con Jordi Sànchez sobre esto porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar”, declaró ante el tribunal.

Finalmente, explicado la exdiputada cupaire, Reguán y ella cedieron con la condición de que, a cambio de desconvocar se citara de nuevo a la gente al día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para seguir protestando por las detenciones y registros de sedes de la Generalitat.

El tribunal presidido por el juez Manuel Marchena no demostró especial entusiasmo en escuchar su relato y el hizo un marcaje ferreó cortándole cada vez que iba más allá de los hechos para entrar en las razones de la protesta. “Todos los añadidos sobran”, le advirtió el juez, que también frenó a la abogada de Cuixart, Marina Roig, con uno “eso ya lo ha explicado”, cuando intentaba insistir en las esfuerzos de Cuixart y Sànchez por desconvocar la concentración.

Tras Boya declaró ante el tribunal el director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, que defendió que la organización del 1-O no comportó “ningún perjuicio” en el erario público al no existir ninguna partida presupuestaria, ya que las facturas relacionadas con el referéndum fueron todas rechazadas.

Esteve, investigado por un juzgado de Barcelona sobre los preparativos del 1-O, declaró a petición de las defensas, que buscan desmontar la acusación de malversación a nueve encausados. “No existe contrato formal específico para actividades del 1-O, ni afectación presupuestaria, ni reserva de crédito, ni factura pendiente”, aseguró.

Esteve, que también fue número dos de la exconsellera de Gobernación Meritxel Borràs, desgranó algunos contratos en los que la Fiscalía ve indicios de malversación, como el contrato marco de Unipost con la Generalitat, en el que las acusaciones creen que se escondieron partidas para el 1-O a través de los encargos de los cinco departamentos que figuran en ese contrato marco. - D.N.

Ibarretxe

Entre el público. El exlehendakari Juan José Ibarretxe asistió entre el público a la sesión de ayer en el Tribunal Supremo para apoyar a los presos por el procés independentista del 1-O. Ibarretxe entró en la Sala portando en la cabeza una txapela. El tribunal presidido por Manuel Marchena no le permitió saludar a los encausados aprovechando la habitual pausa del juicio al mediodía.