madrid - El PP seguirá en el banquillo de los acusados, junto a tres empleados, por haber borrado ordenadores del extesorero popular Luis Bárcenas, al no aceptar el juez su pretensión de aplicar la doctrina Botín y anular el juicio, cuya vista oral comenzó este jueves impulsada sólo por las acusaciones populares.
La formación podría ser condenada a medio año de suspensión de actividades o a una multa de casi 11 millones de euros. El PP es el primer partido que se enfrenta a una acusación penal, pues en la trama Gürtel tan sólo fue considerado partícipe a título lucrativo por beneficiarse ilícitamente de las actividades de los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, por lo que fue obligado a pagar una multa de 245.000 euros.
Casi cinco años después del inicio del caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas, en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid ha empezado la vista con las cuestiones previas, en las que las defensas han intentado rebatir la legitimidad de Izquierda Unida y varias asociaciones para acusar cuando la Fiscalía no lo hace y el perjudicado -Bárcenas- no se ha personado. Pero el juez Eduardo Muñoz de Baena ha decidido posponer su decisión sobre esa cuestión hasta la sentencia, ya que es previsible que haya recursos de apelación y, de cara a esas instancias superiores, resulta más adecuado celebrar el juicio oral y practicar la prueba.
Seguirán así como acusados el PP, su extesorera Carmen Navarro, el que era responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán, y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática y destruyó materialmente los discos duros en los que presuntamente Bárcenas guardaba datos sobre la supuesta caja B de los populares. El PP alegó que siguió sus protocolos en aplicación de la Ley de Protección de Datos para asignar esos ordenadores a otros empleados, una vez que prohibió a Bárcenas entrar en la sede de Génova, pero la jueza de instrucción dudó de su versión y decretó la apertura del juicio oral. Los tres están acusados del delito de encubrimiento y de daños informáticos, pero el PP sólo del segundo, al ser una persona jurídica.
El letrado del partido también trató de convencer al juez para declarar la nulidad del juicio al alegar que en los escritos de las acusaciones no existe un relato de los hechos específico de la persona jurídica y no se aporta la carga de la prueba, lo que provocaría al partido “indefensión”. “Creemos que se está utilizado este procedimiento con una finalidad distinta a la recta Administración de Justicia”, añadió el abogado, que a la salida de la vista se mostró convencido de que “la sentencia final evidenciará de forma clara y contundente la inocencia de las personas físicas acusadas y del PP”, partido al que, según él, se acusa por “intereses políticos”.
Por su parte, Bárcenas comparecerá presencialmente el próximo jueves 20 como testigo en el juicio por la destrucción de los ordenadores con los que trabajaba en la sede de la formación. El juez Muñoz de Baena explicó ayer que si bien tenía previsto permitir que el extesorero, tal y como pedía, declarase desde la prisión donde cumple condena por el caso Gürtel, tras escuchar a las partes acordó que lo haga de forma presencial, eso sí, acompañado de abogado aunque no acuda en calidad de acusado sino como testigo.
La Fiscalía y las acusaciones populares han recalcado la idoneidad de que el testigo acuda a los Juzgados de lo Penal, al entender que no se le causa perjuicio. Por su parte, las defensas señalan que los traslados de presos les perjudican ya que la “noche previa” al desplazamiento ya no duermen en su celda, se despiertan “a las cinco de la mañana” y pierden el servicio de comidas. El abogado del PP añadió que permitir que el extesorero declare por videoconferencia supone un “ahorro de costes” y de “trastornos para la vida en prisión”. - Efe / E.P.
aguirre LOGRA esquivaR el banquillo
Petición del PSOE. El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha rechazado la petición del PSOE de citar a declarar como investigada a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y a otros cuatro miembros del Consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II en 2007. En un auto, el juez explica que la petición de la acusación que ejerce el PSOE “se apoya en un artículo periodístico, que a su vez dice que se basa en un informe de la Fiscalía Anticorrupción” que “no existe en absoluto en el procedimiento”, y por ello critica que “con esta base irreal” se pretenda “la práctica de diligencias”.
