Seis años y medio de cárcel para el juez que conspiró contra la diputada Rosell

Alba prevaricó para perjudicar a la parlamentaria de Podemos y beneficiar al exministro Soria

10.02.2020 | 02:48
El juez Salvador Alba, condenado también a 18 años de inhabilitación, durante un proceso judicial.

pamplona - El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell, actual diputada de Unidas Podemos, durante los siete meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. La Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018, los delitos de prevaricación, en concurso con el de cohecho, y falsedad en documento oficial.

La condena implica para Alba la "pérdida definitiva" de su cargo como juez, aunque la sentencia aún es recurrible ante el Tribunal Supremo. Alba deberá además indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de esta operación. La actual diputada de Podemos tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe de Alba ahora declarado falso, la querella que el exministro José Manuel Soria había presentado contra ella.

La Fiscalía pedía diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el magistrado por lo que describió como "un acuerdo corrupto" para desacreditar a la jueza Rosell. Un pacto que se maquinó el 16 de marzo de 2016, fecha en la que Alba se reunió de forma clandestina en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con Miguel Ángel Ramírez, empresario a quien investigaba por fraude fiscal, para fabricar una declaración en sede judicial del entonces presidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) que pretendía desvelar la supuesta existencia de vínculos comerciales entre el imputado y sociedades del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza que había instruido su causa desde 2014. Negocios que, "de haberlos", se remontaban a 2009, cinco años antes de que la actual diputada de Podemos abriera diligencias contra Ramírez, según manifestó la fiscal Evangelina Ríos en la vista.

Ese acuerdo tenía un doble objetivo: el archivo del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza y alimentar la querella de José Manuel Soria, entonces, aún ministro de Industria, Energía y Turismo en el Gobierno de Mariano Rajoy, contra Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.

En su declaración como testigo, el expresidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) comparó los métodos del ahora condenado con los propios de "la mafia de Chicago en los años 30". La Sala de lo Penal desgrana en una sentencia de 78 folios la "arbitraria instrumentalización" del proceso penal contra Ramírez por parte de Salvador Alba. El juez utilizó esas diligencias como "coartada y vehículo" para obtener información de cara perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora en el cargo y contribuir al éxito de la querella que Soria había interpuesto contra ella. La resolución recoge expresiones duras contra el magistrado, a quien acusa de instruir el procedimiento "para fines personales, el fraude, la manipulación y el retorcimiento del proceso". - D.N.