PAMPLONA. El vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Javier Remírez, ha afirmado este martes en el Parlamento que quiere impulsar el desarrollo competencial de Navarra según lo recogido en el Amejoramiento.
Con esta finalidad ha indicado que planteará retomar las conversaciones con el Estado para el traspaso de las competencias de tráfico y seguridad vial, así como las de sanidad penitenciaria.
Además ha adelantado que en breve pedirá a los grupos parlamentarios que designen a sus representantes en la Junta de Transferencias para así activar el proceso.
Remírez también se propone negociar con el Estado el mantenimiento de la vigencia de las leyes forales aprobadas por el Parlamento de Navarra y cuya constitucionalidad ha sido puesta en duda.
Asimismo ha anunciado dos proyectos de ley relacionados con el desarrollo del Fuero Nuevo, cuya actualización se aprobó en la pasada legislatura.
Otros objetivos de su departamento son la regeneración y calidad democrática con mecanismos de control y transparencia, y el fomento la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Para ello Remírez ha anunciado una ley de participación democrática y otra de transparencia, un registro de grupos de interés y la renovación del Consejo de Transparencia.
Otros objetivos son formar y sensibilizar, mejorar la atención a la ciudadanía, facilitar más información pública y garantizar en todos los departamentos la ley de accesibilidad universal.
LA LEGISLATURA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS El vicepresidente ha expresado en su comparecencia que ésta tiene que ser la legislatura de los empleados públicos, apostando por desarrollar sus capacidades y sus derechos.
Con este reto ha señalado que quiere aprobar un plan director de recursos humanos que implemente medidas que mejoren las condiciones de empleo y al mismo tiempo permitan mejorar el servicio a la ciudadanía.
Ha apostado también por consolidar el empleo publico con trabajo de calidad y para ello prepara ya una OPE para cubrir con personal fijo toda la tasa de reposición posible correspondiente a 2019.
Asimismo ha defendido el refuerzo de personal en áreas como sanidad y educación, la reducción de las temporalidad, un estudio de los puestos de trabajo en la administración y de sus cargas para ganar en eficacia y calidad y así optimizar el servicio público.
La formación del personal, la integración del personal con discapacidad, la negociación colectiva y el consenso para abordar distintos asuntos, entre ellos un plan de igualdad, la reforma del Estatuto de Personal y la solución de diversos problemas con el régimen jurídico, como el complemento de grado y la reforma de los permisos de paternidad, son otros retos.
Se trata, ha dicho, "de acordar con los sindicatos una planificación consensuada de las materias o normas que se vayan a modificar, siempre previa negociación colectiva, y organizarla en función de las necesidades de ambas partes.
