El Plan Exterior del Govern sigue en pie pese a la suspensión del TC

Bosch aduce que el Gobierno español “no puede impugnar el futuro de Catalunya en el mundo”

10.02.2020 | 11:50
Pedro Sánchez y Miquel Iceta, durante el acto de precampaña socialista celebrado en Viladecans, Barcelona.

pamplona - El acoso judicial al independentismo no cesa. El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez al denominado Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea del Govern, lo que de facto supone su suspensión cautelar por al menos cinco meses en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución. El conflicto positivo de competencia planteado por el Ejecutivo español se planteó el pasado día 28 de octubre tras negarse el Gabinete de Quim Torra a cambiar el contenido, como le ha había pedido Moncloa, que entiende que la Generalitat se ha arrogado competencias que constitucionalmente no le corresponden en materia de relaciones internacionales y política exterior. El tribunal de garantías comunicará a Torra la suspensión, al igual que dará traslado de la demanda y los documentos presentados para que pueda aportar cuantas alegaciones considere convenientes. No hay un plazo concreto para que el TC pueda resolver el fondo del asunto.

La incoación del conflicto también se comunicará a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), para que informe sobre si ante la misma estuviera impugnado o se impugne el citado acuerdo. En caso de que esto sucedería, dicho proceso se suspendería hasta la decisión que adopte el tribunal de garantías, según establece el artículo 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno socialista y la suspensión del acuerdo no supone el cierre de las embajadas catalanas, que sigue un proceso independiente y paralelo. El Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige Josep Borrell ha recurrido ante el TSJC varias de estas delegaciones. Las primeras ocasiones lo hizo por motivos formales, pero en el caso de las tres últimas anunciadas por la Generalitat -en Túnez, Argentina y México- ya pidió la paralización cautelar de la apertura de estas argumentando que, a la luz de experiencias previas, estas oficinas no pretenden la "legítima proyección exterior" de Catalunya, sino "un fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista". El Consejo de Ministros decidió el pasado 18 de octubre presentar un conflicto positivo de competencia ante TC tras consultar al Consejo de Estado y recibir el informe favorable. Según explicó la ministra portavoz, Isabel Celaá, la Generalitat se excede en sus competencias y menoscaba las del Estado, subrayando la importancia del "contexto" independentista en el que se aprobó el Plan Estratégico de Acción Exterior.

El Govern, por boca del conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, respondió ayer que seguirá "internacionalizando" Catalunya, puntualizado que "se trata de unas medidas cautelares y no hay sentencia todavía". "El futuro de Catalunya en el mundo no se puede impugnar por mucho que quiera hacerlo el Gobierno español", dijo Bosch, quien recalcó que "la internacionalización de Catalunya es legal, es legítima y es una obligación marcada por la ley que regula la acción exterior de la Generalitat". A su juicio, se trata de "responder a las necesidades de las empresas, de los ciudadanos, de los sindicatos, y de todos aquellos que quieren tener una mejor posición en el exterior", ya que lo consideran su "obligación".

carles puigdemont

vuelven a vetarle el acceso a canadá

Deniegan su entrada. Las autoridades canadienses han vuelto a denegar la entrada al país al expresident Carles Puigdemont, según informaron medios de comunicación canadienses. Canadá habría denegado a Puigdemont la obtención de la autorización de viaje electrónica por los cargos pendientes que tiene ante la Justicia española, según declaró el abogado canadiense del político, Stéphane Handfield. El letrado del expresident también anunció que recurrirá al Tribunal Federal canadiense el rechazo a concederle dicha autorización. Handfield intentará así revertir una decisión que considera "precipitada y que no respeta la presunción de inocencia". El plazo para recurrir judicialmente es de 60 días, según explicó el abogado, que expresó además su extrañeza de que el país haya denegado la autorización por la causa pendiente en España, ya que la primera solicitud la realizó en febrero de este año, antes de la sentencia.