pamplona - La Fiscalía Anticorrupción considera probado que el BBVA pagó 10,28 millones al comisario jubilado José Manuel Villarejo para labores de espionaje “a sabiendas de que era un policía en activo” cuando realizó los encargos. La contratación de Villarejo “habría sido ordenada, de forma opaca, por la propia presidencia del banco”, cargo que ocupaba Francisco González, también imputado, según el informe de la Fiscalía, incorporado al sumario del caso

En el análisis de los resultados, los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa concluyen que las diligencias judiciales practicadas, especialmente la documental incorporada, los informes forensic (intenos) preliminares y las declaraciones del investigado Antonio Béjar, exdirectivo del BBVA, corroboran los indicios delictivos en la contratación y en los pagos a Cenyt, la empresa del excomisario, con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial de Villarejo, y de la utilización por este de “medios ilícitos” para la obtención y acceso a información reservada “con vulneración de sus derechos fundamentales”.

A continuación, la Fiscalía desglosa, según recoge el sumario del caso, todos los departamentos donde quedaron huellas del paso de Villarejo, con especial protagonismo los Servicios Jurídicos, Cumplimiento y Auditoría Interna y del máximo órgano ejecutivo de la entidad, “ya que habría sido ordenada dicha contratación, y de forma opaca -dice la Fiscalía-, por la propia presidencia del banco”.

instrucciones Y más adelante, el sumario lo repite pero de forma más clara: “La preponderante participación de Julio Corrochano (el máximo jefe de Seguridad del BBVA) vendría determinada por haber recibido directamente del entonces presidente del BBVA, Francisco González Rodríguez, el encargo de gestionar las contrataciones con Cenyt por sus vínculos personales con Villarejo tras años como compañero en la Policía “a sabiendas de su condición policial en activo y de que sus servicios incluían el acceso a información reservada”.

El ex jefe de Seguridad del BBVA también implica directamente al ex presidente del banco en la contratación del comisario. Corrochano declaró en el marco de la investigación interna puesta en marcha por la entidad financiera que “para la contratación de Cenyt recibió instrucciones directas del presidente con el mandato de que sólo podía reportar de su desarrollo a él, a su jefe directo como director general de Recursos Humanos, Ángel Cano, y al director de Comunicación”. Así lo refleja Anticorrupción en el escrito entregado al juez el pasado noviembre. Basándose en este testimonio y en el de Béjar, Anticorrupción sostiene que el ex presidente del banco “habría sido la persona que ordenase a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos la contratación de Cenyt a través del director de Seguridad Corporativa, así como a las áreas correspondientes el pago de dichos servicios a sabiendas de su ilicitud”. “Todo ello”, añade, “al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores durante todos los años objeto de investigación”. Béjar, en su declaración judicial, aseguró que González en persona le dijo que el banco debía trabajar con la empresa que iba a contratar Corrochano.

Aunque la contratación se prolongó durante 13 años y los pagos ascendieron a 10,2 millones de euros, con operaciones de espionaje y sabotaje, la monitorización de miles de teléfonos de periodistas, empresarios, políticos de la etapa Zapatero y hasta el intento de inventar un amante cubano al ministro Miguel Sebastián, Francisco González declaró que jamás prestó demasiada importancia a los informes que le traía Corrochano sobre los trabajos. Así lo admitió ante el juez porque para el presidente del BBVA aquel era un tema “absolutamente menor”. “A mí no me llegaba nada de contratación o una factura. A mí me llegan temas de 50 millones para arriba”, puntualizó.

El Proyecto FG, como lo denomina Villarejo, habría contactado con hasta 49 políticos y 89 medios de comunicación con el objetivo de boicotear el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de entrar en el consejo de administración del BBVA. A esto suma seguimientos de objetivos, pinchazos telefónicos, infiltraciones en servicios de seguridad y hasta incidencia en líneas editoriales de medios de comunicación.

Según ese informe, en el que el comisario relata las infiltraciones fallidas en medios de comunicación y éxitos a la hora de incidir en la línea editorial de algunos medios, el objetivo de los trabajos de Villarejo era “boicotear las acciones” previstas contra “K” (el cliente) y provocar el “abandono del acoso” contra el ex presidente del BBVA, así como mejorar su reputación. Este informe se enmarca dentro de los apuntes del excomisario destinados a justificar sus labores para la entidad, y recoge que el objetivo del departamento jurídico del banco era contactar con accionistas de Sacyr para convencerlos de que actuaran a favor de González. - M.G.

FG, la policía y la denuncia a ausbanc

Extorsión. Un directivo del BBVA dejó por escrito en un documento que el presidente del BBVA Francisco González acordó con la “cúpula” del Cuerpo Nacional de Policía la presentación de una “denuncia anónima” contra Ausbanc, la supuesta asociación de consumidores que está siendo juzgada por extorsionar al banco y otras entidades, en un almuerzo que se celebró en el complejo policial de Canillas, sede de los servicios centrales del Cuerpo. El directivo Eduardo Ortega Martín, director de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos, escribió en un documento tque él mismo participó junto a González “en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación”.