El veterano exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, cuestionó este martes la constitucionalidad de las bases jurisprudenciales de una sentencia por la que fue condenado en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel por pertenencia a la banda armada.
Los abogados de Urrutikoetxea, que está encarcelado en Francia desde mayo de 2017, defendieron ante el Tribunal de Apelación de París una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC, en sus siglas en francés) referida al delito de pertenencia a una organización terrorista.
Los letrados de Urrutikoetxea, que asistió a la vista por vídeoconferencia desde la prisión de La Santé de París, pidieron que la QPC sea elevada al Tribunal Supremo, algo a lo que se opuso la Fiscalía por estimar que la demanda no tiene fundamento.
La abogada Sarah Hunet-Cicclaire justificó su solicitud por considerar que hay que clarificar hasta dónde puede llegar la infracción de pertenencia a una organización terrorista. Entiende que parte de la jurisprudencia la interpreta en un sentido demasiado amplio que viola principios constitucionales como los de legalidad y proporcionalidad.
El Tribunal de Apelación de París se pronunciará sobre esta QPC el 9 de junio y solo después fijará una fecha para la celebración de un nuevo juicio -que podría tener lugar en otoño- por la condena dictada en diciembre de 2010 contra él, de 69 años.
Josu Urrutikoetxea también recibió una segunda sentencia en rebeldía en Francia en 2017, que le condenaba a ocho años de prisión, durante su largo periodo de clandestinidad que terminó con su captura en los Alpes franceses el 16 de mayo del pasado año.
La justicia francesa está tramitando, por otro lado, dos demandas de extradición y dos euroórdenes contra él.
La próxima cita sobre las demandas españolas está prevista el 3 de junio ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, cuando se examinará la causa que tiene abierta por su presunta implicación en la financiación de ETA a través de las "herriko" tabernas.
